La Cámara de Diputados aprobó por 82 votos, la creación de una Comisión Especial Investigadora referente a los actos del Gobierno, y los protocolos establecidos por las fuerzas de orden público, en los violentos hechos ocurridos en la Araucanía el fin de semana, durante el desalojo de los municipios de Ercilla, Traiguén, Victoria y Curacautín.
De acuerdo a lo indicado, uno de los principales impulsores de la instancia es el diputado y exintendente de la Araucanía, Ricardo Celis, es una buena noticia para la región de la Araucanía que se haya aprobado esta comisión.
Lo anterior, tomando en cuenta la gravedad de los hechos, “donde mucha gente en una acción de autotutela mal entendida, y con el apoyo de carabineros, según muchas evidencias, procedieron a desalojar algunos municipios provocando daños en infraestructura, e incluso incendios” sostuvo Celis.
El parlamentario sostuvo además que hubo muchos hechos que precedieron a estas acciones el día sábado y domingo, por lo tanto, agregó que es necesario saber las acciones de contexto.
Además agregó que se trata de uno de los temas “más importantes entre el Estado y un pueblo originario, el pueblo mapuche en la Araucanía. Por lo que necesitamos investigar las responsabilidades de las autoridades regionales, provinciales y nacionales, y la acción de las policías, para restablecer y mantener el Estado de derecho”.
Por su parte, la exgobernadora y actual diputada de la provincia de Malleco, Andrea Parra, afirmó que han pasado más de cuatro días, y el Gobierno aún estudia si presentará o no querellas por los hechos de violencia ocurridos este fin de semana en la Araucanía. “Esta dilación sólo aumenta la frustración”.
La parlamentaria agregó que “desde la Cámara de Diputados reaccionamos a tiempo y es por eso que impulsamos la creación de una Comisión Investigadora que traiga la claridad que necesitamos en estos difíciles momentos”.
Finalmente, el Jefe de Bancada del PPD, Raúl Soto, dijo esperar que se recabe toda la información necesaria, a fin de que se determinen las eventuales responsabilidades políticas y administrativas involucradas, “y se puedan evacuar conclusiones que sean un aporte a la paz social de la región”.
La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 90 días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
