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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El senador PS Juan Luis Castro responsabilizó a la presidenta de su partido, Paulina Vodanovic, por iniciar el trámite para revocar los permisos de viaje de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, luego de un cambio en el orden de votación del Senado. Castro afirmó que ambos conocían la gestión y que pidió contactar a los parlamentarios para validarla, pero la retractó al no concretarse. Órdenes negó autorizar el uso de su firma y la Fiscalía investiga una eventual falsificación.

El senador socialista, Juan Luis Castro, estuvo en el ojo del huracán esta semana, luego que estallara un escándalo con polémicas y eventuales ribetes penales tras la acusación de suplantación de firmas en el Senado. Ahora, apunta a la presidenta de su colectividad, Paulina Vodanovic.

Todo ocurrió cuando se solicitó retirar el permiso constitucional que presentaron Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS) para ausentarse del país y participar de la gira por Asia, junto al presidente José Antonio Kast. El documento contaba con la firma de ambos senadores y Órdenes acusó que no había suscrito dicho documento.

“Los permisos constitucionales son una figura que se considera cuando un parlamentario viaja por más de 30 días al exterior, para el efecto de los quórums del Congreso (…). En la reunión de comités se establece el orden de las partidas, que era el tradicional. Al momento en que se inicia la sala, el martes, se produce un cambio del orden de votación”, explica Castro en entrevista con La Tercera.

El senador y jefe del comité parlamentario del Socialismo Democrático narra que en ese momento “estaba a mi lado Paulina Vodanovic, quien me dice que acaban de alterar el orden de votación y se va a empezar por el último. Que se tiene que votar el endeudamiento fiscal y que hay problemas de quórum suficientes, qué sé yo. Entonces (Paulina) me dijo que habló con el coordinador administrativo de la bancada, Javier Sánchez, para que vea esto y tendríamos que revocar los permisos de los que están afuera”.

“Me quedé un poquito sorprendido de la situación que se estaba produciendo, es decir, la mesa avanzaba en la votación. Y me dirijo al comité socialista y le señalo al coordinador si era efectivo que Paulina Vodanovic le había dicho esto. Me dijo que sí, que lo estaba revisando. Le digo bueno, procede a tramitar entonces, bajo las reglas del juego que son, obviamente, la consulta respectiva a los propios interesados”, detalla.

Castro asegura que esa misma noche se comunicó con Ximena Órdenes. Sostiene que se enviaron mensajes explicando la situación “y me dio la impresión de que lo entendió”, comenta. “Me dijo que ‘podría ser algo más que un malentendido’, mandó saludos, puso un corazón en el mensaje. Quedamos tranquilos, porque esto es un tema del orden administrativo”, relata.

“Lo sabíamos Vodanovic y yo”

Luego, Castro apunta a la presidenta del PS: “Lo sabíamos Vodanovic y yo. Y yo fui el que le indiqué al coordinador, le reiteré lo que ya le había pedido Paulina (Vodanovic), que se iniciara la tramitación del procedimiento. La tramitación requiere, como se hace por la vía administrativa, la comunicación con los interesados, para validar todo el procedimiento. Situación que aquí demoró y se me informa posteriormente que no se había consumado en el curso de la tarde. Y por eso, de inmediato, revoco lo que inicialmente se había iniciado”.

De acuerdo a Castro, esta es una práctica frecuente entre los parlamentarios, en “un acto de confianza directa”. “No es que estén siempre ellos poniendo su firma. Cada senador tiene un pool de firmas digitales que quedan a disposición de la jefatura del comité para todas las contingencias que sean pertinentes. Ese es el modus operandi”, revela.

Órdenes escribió una carta negando haber suscrito documentos ni autorizado el uso de su firma, la envió al senador Pedro Araya (PPD), y desencadenó no solo una crisis interna en el comité de Socialismo Democrático, sino también una investigación del Ministerio Público por eventual falsificación de instrumento público y uso malicioso.