Cuando Ximena Órdenes se enteró de lo sucedido “montó en cólera”. A casi 20 mil kilómetros de distancia, en China, la senadora supo que “alguien” había retirado el permiso constitucional que presentó para ausentarse del país: era una de los dos congresistas de oposición que participaron de la gira del Presidente José Antonio Kast por Asia.
Así, en medio del periplo, Órdenes decidió que no iba a dejar pasar el episodio. Escribió una carta, la envió al senador Pedro Araya, y desencadenó no sólo una crisis interna en el comité de Socialismo Democrático, sino también una investigación del Ministerio Público.
—Alguien la acusó de haber faltado a su palabra y tuvo que comenzar a dar explicaciones por algo que no había hecho —comentan fuentes familiarizadas con la situación y que conocen de cerca a la parlamentaria.
Históricos del PPD
Ximena Loreto Órdenes Neira, de profesión socióloga, lleva casi nueve años como congresista. En ese periodo se ha granjeado fama de “trabajadora” y “quitada de bulla”: no le interesa entrar en polémicas a nivel nacional y siempre ha preferido mantener un perfil bajo, enfocada en los problemas de su región.
Oriunda de Aysén, ella y su familia han estado ligados por casi 100 años a los partidos de centroizquierda. Su abuelo materno fue uno de los fundadores en la zona del Partido Socialista y sus padres hicieron lo propio en el Partido Por la Democracia (PPD). Su madre, Danira Neira Vera, es también una histórica dirigente de la Agrupación de Derechos Humanos de la región.
—Siempre que alguien del PPD va a Coyhaique pasa a visitar a sus padres —comenta un conocedor de la interna.
Órdenes fue militante del PPD hasta 2017, año en que se produjo el refichaje. A pesar de que en ese momento era vicepresidenta nacional de la tienda, optó por no seguir en la colectividad ante el riesgo de que el partido no pudiera reunir los miembros necesarios para inscribirse en la región, lo que habría dificultado su postulación al Senado ese mismo año.
Antes de llegar al Parlamento, Órdenes tuvo una extensa carrera en Aysén, primero como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer durante el gobierno de Ricardo Lagos, y luego como gobernadora provincial de Aysén, entre 2006 y 2008. Tras su renuncia a ese puesto, asumió como seremi de Obras Públicas hasta el final del mandato de Michelle Bachelet.
—Pese a ser independiente es muy querida en el partido —dice una colega que la conoce de cerca.
Llegada al Senado
Cuando Bachelet volvió a La Moneda en 2014, nombró a Órdenes intendenta, hasta que en julio del año siguiente le pidió la renuncia junto a otros cuatro líderes regionales, sin ningún motivo en específico en su caso.
Luego de estar un año y medio como jefa de la División de Coordinación Nacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2017 decidió competir por el Senado. Lo hizo en un cupo del mismo partido al que había decidido no reficharse: el PPD.
Con 5.405 votos, el 15,14% del total, Órdenes fue electa para representar a Aysén en la Cámara Alta:
—Ha hecho el recorrido completo para llegar al Senado. A ella le importa la región: lo importante es su circunscripción, representar eso —cuenta una fuente cercana al PPD—. Es una persona de palabra. Si dice permiso constitucional, es permiso constitucional. Y no le gusta hacer noticia por esto.
De ahí que Órdenes se indignara al percatarse de que alguien había actuado en su representación a escondidas.
La senadora había solicitado el permiso para participar de la comitiva oficial que visitaría China con el presidente. Desde el país asiático, se enteró de que habían retirado su permiso y el del senador Fidel Espinoza (PS), lo que cambiaba el número de votos necesario para aprobar las normas de quórum especial de la Ley de Presupuesto.
—Iba a una actividad con el Presidente y alguien del Gobierno le preguntó por qué había retirado el permiso si tenía el compromiso de viajar con permiso constitucional. Y ella quedó plop. Le dijo: “Pero si yo no he hecho nada” —relata una fuente que conoció de lo sucedido.
Peleas
En Chile, el cambio del quórum ya había producido roces entre el Gobierno y la oposición. En el momento en que se leyó el retiro del permiso en la Sala del Senado durante la sesión del martes pasado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quedó sorprendido. Según cuentan congresistas que estuvieron presentes, el responsable de la billetera fiscal hizo un gesto al jefe de la bancada PPD, Ricardo Celis: le estaba solicitando explicaciones.
Celis, para ese entonces, no tenía ni idea de qué había pasado. De acuerdo con los mismos consultados, desde China, Órdenes intentó contactarlo, pero este no le contestó el teléfono ya que estaba en medio de reuniones con Quiroz. Quienes supieron del intercambio mencionan que el secretario de Estado se habría negado a seguir negociando el acuerdo en Salud debido a que no podía hacerlo con “personas que no cumplieran su palabra”.
En medio de todo el altercado habría sido un funcionario del Congreso quien informó que el responsable del retiro de los permisos había sido el senador Juan Luis Castro (Partido Socialista), jefe del comité de Socialismo Democrático. Por eso, cuando Celis salió del encuentro con Quiroz, lo primero que hizo fue recriminar a Castro.
El cruce, según dicen quienes presenciaron el episodio, fue áspero.
Una fuente lo resume así: “Quiroz echó la situación en cara a Celis y Celis a Castro”.
La carta
Mientras todo eso pasaba en Chile, Órdenes seguía sin respuestas. Así, se contactó desde China con Pedro Araya, su correligionario, a quien envió una carta para que la leyera en la sesión del Senado del miércoles.
—La Ximena se enfureció, montó en cólera, porque alguien le hizo faltar a su palabra —afirman conocedores de la interna del PPD.
El escándalo fue inmediato.
En la misiva, dirigida al secretario del Senado, Órdenes denunció que jamás había solicitado retirar el permiso:
—Quiero señalar de manera categórica que no he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito —leyó Araya.
Rodolfo Carter, dicen quienes presenciaron el episodio, estuvo atento: pidió de manera inmediata que remitieran los antecedentes al Ministerio Público al estar en presencia de un posible delito.
Según fuentes del Senado, el contralor de la Cámara Alta se comunicó con la fiscalía, desde la cual informaron que ya habían abierto una indagatoria de oficio.
De acuerdo con una fuente que vio las renuncias a los permisos, los documentos fueron enviados desde el comité de Socialismo Democrático:
—Normalmente son correos electrónicos que manda el encargado del comité respectivo; también lo puede mandar directamente el senador —explica.
El mismo inquirido detalla que los documentos venían con una “firma manual”, “en un archivo escaneado”. Bío Bío Investiga accedió al escrito. “Por medio del presente (…) vengo en solicitar se deje sin efecto, a contar del martes 17 de noviembre, el Permiso Constitucional aprobado para ausentarme del país entre los días 14 y 22 del presente”, se lee en el papel.
Uno de los consultados detalla que “consta que llegó un documento firmado por el senador Espinoza, otro por la senadora Órdenes” para pedir el permiso.
—El retiro también estaba firmado por ambos —acota.
Pese a ello, desde la Mesa del Senado aseguraron en una declaración pública que “no existe confirmación de una falsificación”.
Vea la firma del documento:
Investigación penal
Hace un mes, Juan Luis Castro había determinado sacar a Araya de la Comisión de Constitución del Senado, luego de que este último llegara a un acuerdo con el Ejecutivo por la tramitación de la reforma de seguridad. Entre las principales defensoras de Araya estuvo Órdenes.
Si bien hay quienes aseguran que esta sería una pasada de cuentas a Castro por ese episodio, otras fuentes aseguran que en el momento en que ella decidió enviar la carta no sabía quién había sido el responsable de la supuesta renuncia al permiso:
—Y después, lo que le generó más molestia fue un mensaje que le mandó Castro, tratando de hacer pasar esto como un error administrativo —comenta un parlamentario fuera de micrófono.
En otra vereda, el senador Fidel Espinoza intentó bajarle el perfil a la situación, asegurando que “una desprolijidad administrativa no es un delito”. De acuerdo con múltiples fuentes del Senado, esto se debería a que uno de los principales salpicados por el escándalo sería el coordinador del comité del PS, quien sería cercano a Espinoza.
—No fue para prestarle ropa a Castro —dicen en los pasillos de la Cámara Alta.
Este viernes, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, informó que la causa la está llevando la Unidad Anticorrupción y que ya se había tomado contacto con personal del Senado para solicitar antecedentes sobre los permisos y las votaciones que se produjeron tras su retiro.
Quienes conocen de las pesquisas sostiene que este viernes se realizaron las primeras diligencias, entre ellas la toma de declaraciones a personal del Senado.
Bío Bío Investiga intentó obtener una versión de la senadora Órdenes y del senador Castro, sin resultados hasta el cierre de esta edición. Castro en las últimas horas ingresó un escrito ante la justicia para solicitar que la querella presentada en su contra sea declarada inadmisible.
Según plantea en el escrito, los delitos denunciados —falsificación de instrumento público y uso malicioso del mismo— atentan contra la fe pública y no contra la probidad en el ejercicio de la función pública, por lo que no se cumplirían las condiciones legales que permitirían a la fundación presentar la querella.
A eso se suma otro argumento: la defensa sostiene que la sola condición de senador no permite atribuir a Castro un eventual abuso de sus funciones. En esa línea, afirma que la querella no describe qué atribuciones propias del cargo habría ejercido el parlamentario en relación con la concesión, registro o retiro de los permisos constitucionales de otros legisladores.
Castro, en su escrito, no afirma ni niega que haya falsificado la firma o los documentos.