El lunes 16 de noviembre, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por ocho votos contra dos la idea de legislar el proyecto que busca sancionar las denuncias deliberadamente falsas de abuso sexual infantil y establecer mayores responsabilidades para los profesionales que intervienen en estos procesos. Cuatro diputadas votaron a favor.
A través de una publicación, la Fundación para la Confianza, presidida por José Andrés Murillo, cuestionó duramente la iniciativa, presentándola como una amenaza para los niños víctimas de abuso sexual. Pero sus argumentos omiten a los niños separados injustamente de sus padres y abren una pregunta incómoda: ¿esa falta de preocupación responde solamente a una posición ideológica o también a intereses institucionales y económicos que deberían transparentarse?
Los Programas de Reparación en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) reciben miles de millones de pesos públicos, administrados por organismos privados con vínculos políticos. Un ejemplo es Hernán Briones, excandidato a concejal por Evópoli en Villa Alemana y exrepresentante de Corporación Acogida, cuestionada por irregularidades financieras e informes con errores de copiar y pegar en su PRM Pichilemu.
La Fundación para la Confianza también reconoce vínculos con los PRM. ¿Qué intereses existen detrás de quienes se oponen a mayores controles? ¿Hay parlamentarios o familiares directos con intereses económicos en estos programas? ¿Se han transparentado esos posibles conflictos de interés?
Los vínculos que la Fundación debe transparentar
El proyecto establece mayores controles y sanciones para los PRM y sus profesionales por informes falsos, sesgados o deficientes que contribuyan a separar injustamente a los niños de sus padres. La Fundación para la Confianza mantiene vínculos con este sistema: sus propias FECU de 2022 y 2023 reconocen convenios de derivación con redes que incluyen PRM. ¿Con cuáles trabaja y quiénes los administran? ¿Existen pagos, transferencias de recursos o prestaciones remuneradas entre ellos y la Fundación? ¿Cuánto dinero ha circulado, bajo qué conceptos y cómo se ha rendido?
Las preguntas se extienden a los abogados, psicólogos y trabajadores sociales que colaboran con la Fundación para la Confianza. Conozco el caso de un abogado que recibió una causa derivada por la Fundación y que, tras ganar una arista, solicitó que parte de sus honorarios fueran pagados a esa institución. ¿Cómo funcionan estas derivaciones? ¿Qué pagos reciben los profesionales y la Fundación por los casos que atienden? ¿Cuánto dinero ingresa por esta vía y cómo se registra y rinde?
También corresponde esclarecer su participación en proyectos financiados con recursos públicos. La Fundación trabajó junto a ProCultura en el programa Quédate, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y posteriormente cuestionado por irregularidades en las rendiciones del convenio. ¿Qué recursos recibió efectivamente la Fundación para la Confianza, qué prestaciones realizó y cómo rindió los fondos asociados a su participación?
La exigencia de transparencia debe alcanzar también a los parlamentarios con intereses propios o familiares en los programas que se pretende regular. La Fundación para la Confianza tampoco puede presentarse como una autoridad incuestionable.
En mi libro Falsas denuncias documenté el caso de André Magnere, exsubdirector del SII, sobreseído tras una denuncia de abuso sexual patrocinada por la Fundación y ampliamente difundida. El 12 de noviembre de 2018, José Andrés Murillo intervino en La Mañana, de Chilevisión, destacando la valentía de la denunciante y afirmando que el 20% de quienes acudían a la Fundación habían sufrido abusos sexuales de sus padres biológicos. Una cifra que no distingue entre denuncias y abusos acreditados, sin metodología conocida ni respaldo verificable presentado. Rafael Araneda utilizó esa estadística para justificar la cobertura de una acusación todavía no resuelta judicialmente.
También abordé sus controvertidas intervenciones en los casos de Cristián Campos y Felipe Berríos. El propio Murillo reconoció en La Tercera, en enero de 2025: “Nuestra voz a veces es interpretada como un tribunal de justicia y eso está mal, debemos cambiarlo”. ¿Por qué entonces vuelve a intervenir con tanta contundencia? ¿Con qué independencia cuestiona mayores controles a instituciones con las que ha mantenido relaciones de trabajo? Y básicamente, ¿Por qué miente, omite datos y presenta otros de manera maliciosa?
Vamos por partes con las afirmaciones que hace:
¿Denunciar un abuso significa necesariamente exponerse a una persecución penal? No.La Fundación para la Confianza sostiene que el proyecto perseguirá penalmente a quienes denuncien abusos que no logren probar. Es una afirmación engañosa. El proyecto distingue entre denuncias no acreditadas y acusaciones deliberadamente falsas. Incluso reconoce que archivar una investigación no demuestra su falsedad. ¿Por qué la Fundación utiliza algo corregible para oponerse a legislar?
¿El proyecto pretende devolver niños a sus abusadores? No.La Fundación afirma que la iniciativa arriesga devolver niños a sus abusadores. Falso. Propone revisar separaciones, exigir antecedentes objetivos y permitir contactos supervisados cuando las condiciones lo permitan. ¿Por qué da por hecho que todo progenitor separado es un abusador? ¿Dónde queda la posibilidad de una denuncia fabricada y de un niño privado injustamente de su padre o madre? ¿Quién protege a esos niños?
La infancia perdida no se recupera.La Fundación sostiene que una separación injusta “se puede revisar y corregir”. ¿Cómo se corrigen cinco años sin un padre? ¿Quién devuelve cumpleaños, vacaciones, afecto y crianza? ¿Quién repara el daño psicológico de hacer creer a un niño que su padre o madre es peligroso cuando no lo es? Una resolución judicial puede revocarse. La infancia perdida no se recupera. La Fundación reconoce el daño de mantener a un niño con un abusador, pero minimiza el de separarlo injustamente de un progenitor inocente. Ambos vulneran derechos.
Las contradicciones de la Fundación
La Fundación critica que se sancionen informes deficientes que provocan separaciones injustas, sin sancionar igualmente aquellos que impiden detectar abusos verdaderos. Tiene razón en esa observación. La solución es ampliar las responsabilidades, distinguiendo errores metodológicos de falsedades deliberadas, no eliminar los controles. Quien oculta un abuso debe responder. Quien falsea antecedentes y destruye un vínculo familiar, también.
Más contradictorio todavía: la propia Fundación comparte medidas del proyecto, como revisar periódicamente las cautelares, establecer apelaciones preferentes, permitir contactos supervisados y consultar causas judiciales anteriores. Si reconoce esos problemas y comparte sus soluciones, ¿por qué presenta la aprobación de la idea de legislar como una amenaza para los niños? ¿Por qué no propone corregir los artículos cuestionados?
¿Y los niños afectados por denuncias falsas?
José Andrés Murillo ha cantinfleado con las cifras de falsas denuncias de abuso sexual infantil: 0,1%, 1% y hasta 5%. ¿Qué estudios cuantitativos chilenos, con universos identificables y respaldo judicial, sustentan sus dichos? ¿Por qué nadie le exige datos verificables?
Pero aceptemos hipotéticamente el 5% que ha señalado públicamente. ¿Desde cuándo vulnerar gravemente los derechos del 5% de los niños resulta tolerable? Los derechos humanos no dependen de que las víctimas sean mayoría.
En mi investigación para Falsas denuncias conocí familias destruidas, padres e hijos separados durante años y niños sometidos a intervenciones institucionales cuyas consecuencias persistieron incluso después del cierre de las investigaciones penales. ¿Esos niños cuentan para la Fundación para la Confianza? ¿Qué propone para reparar sus vínculos y establecer responsabilidades frente a denuncias deliberadamente falsas?
La protección de la infancia no puede convertirse en la protección de las instituciones encargadas de protegerla. Los niños separados injustamente de sus padres tienen exactamente los mismos derechos que todos los demás.
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