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La Contraloría defendió ante el Tribunal Constitucional la legalidad del decreto del Minvu que modifica normas de construcción y planificación urbana, cuestionado por parlamentarios por afectar la autonomía municipal. El organismo sostuvo que establece reglas generales, sin alterar los planes reguladores ni las facultades comunales, y descartó infracciones constitucionales. Además, indicó que el ministerio ajustó y eliminó disposiciones tras sus observaciones, antes de que tomara razón del decreto el 1 de octubre.
La Contraloría General de la República defendió ante el Tribunal Constitucional la legalidad del decreto del Ministerio de Vivienda que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuestionado por un grupo de parlamentarios por presuntamente vulnerar la autonomía municipal.
El requerimiento apunta a cambios en las normas de construcción y planificación urbana, incluyendo el cálculo de viviendas por predio, la exigencia de estacionamientos y las condiciones para acceder a mayores beneficios de constructibilidad y altura.
Los diputados sostienen que el decreto excede las facultades del Gobierno y altera disposiciones de los planes reguladores comunales sin respetar los procedimientos legales establecidos.
Sin embargo, Contraloría argumentó que las modificaciones no cambian formalmente los planes reguladores ni reemplazan las atribuciones de los municipios, sino que establecen reglas generales que deben aplicarse dentro del marco de la legislación urbanística.
La directora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de Los Andes, Pilar Giménez, afirmó que fijar criterios no le quita atribuciones a los municipios sobre los planos reguladores.
El organismo reconoció que durante la tramitación formuló observaciones al Minvu sobre distintos aspectos del decreto, entre ellos los coeficientes de habitantes por vivienda, la rebaja de estacionamientos y las normas para reconstrucciones en zonas afectadas por catástrofes.
Tras esos cuestionamientos, el Ministerio de Vivienda modificó y eliminó algunas disposiciones, lo que permitió que Contraloría tomara razón del decreto el pasado primero de octubre.
Finalmente, el organismo fiscalizador concluyó que las normas cuestionadas cuentan con respaldo legal y que no se configuran las infracciones constitucionales denunciadas, respaldando así la normativa ante el Tribunal Constitucional.
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