El ministro de Justicia, Fernando Rabat, optó por esquivar las críticas de las diputadas de oposición que abandonaron la Comisión de Familia de la Cámara, luego de cuestionar su presencia y asegurar que no lo consideran un interlocutor válido. Lejos de entrar en la polémica, el secretario de Estado prefirió destacar los avances legislativos del Gobierno, en medio de la acusación constitucional que amenaza con sacarlo del cargo.
El episodio se suma al complejo escenario político que enfrenta Rabat por los decretos que permitieron rebajar las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales y otros ilícitos graves, una controversia que terminó por abrirle un nuevo flanco al Ejecutivo.
Consultado por el retiro de las parlamentarias, el ministro evitó referirse directamente a sus cuestionamientos y puso el acento en la aprobación unánime, en general, de un proyecto que busca fortalecer las medidas cautelares de protección para las mujeres.
“Invito a todos los parlamentarios de todos los colores políticos a que sigamos trabajando por el bien de todos los chilenos”, sostuvo.
Pero las preguntas continuaron. La prensa insistió en conocer su opinión sobre la decisión de las diputadas de abandonar la comisión y desconocerlo como interlocutor. Rabat, sin embargo, mantuvo su postura.
“Cuando tiene unanimidad en una comisión y se avanza en la protección de las mujeres, no puedo estar sino muy satisfecho”, respondió, sin abordar el fondo de las críticas.
Los tiempos de Rabat para enfrentar la acusación constitucional
Más allá del episodio en la comisión, buena parte de las preguntas estuvieron centradas en la acusación constitucional que busca destituirlo y en los plazos que manejará su defensa para responder al libelo.
Rabat confirmó que fue notificado el martes y que cuenta con diez días hábiles para presentar sus descargos. Eso sí, dejó abierta la fecha en que lo hará, asegurando que será una decisión que tomará junto a su abogado.
“Nosotros tenemos 10 días hábiles para contestar. El día de ayer fui notificado y, por lo tanto, lo haremos en el plazo que nos parezca oportuno”, afirmó.
El momento en que entregue su respuesta no es un detalle menor. Dependiendo de cuándo lo haga, podría modificarse el calendario de tramitación de la acusación en la Cámara, justo cuando el Congreso también está concentrado en la discusión del Presupuesto 2027.
En ese escenario, el ministro dejó buena parte de las decisiones en manos de Juan Ignacio Piña, abogado que asumió su defensa y cuya experiencia en acusaciones constitucionales fue especialmente destacada por Rabat.
“Cuando uno designa un abogado, que en este caso es Juan Ignacio Piña, que no puede ser mejor abogado para una causa como esta, que ha representado y actuado en distintas acusaciones constitucionales, evidentemente que las medidas las adoptará y participará directamente el abogado”, explicó.
También abordó una reciente resolución de la Corte Suprema, insistiendo en que el máximo tribunal respaldó su interpretación respecto de la inexistencia de un plazo establecido en la ley o el reglamento sobre la materia consultada.
El conflicto con el PDG y el silencio frente a Arenas
Otro de los asuntos que marcaron la vocería fue el enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG), luego de las declaraciones del vocero, Gonzalo Arenas, que provocaron molestia en la bancada de la colectividad.
El conflicto llega en un momento especialmente delicado para Rabat. Los 14 diputados del PDG podrían ser determinantes en la votación de la acusación constitucional, por lo que un deterioro de las relaciones con ese sector complica las gestiones políticas para conseguir los votos necesarios para rechazar el libelo.
Pese a ese escenario, el titular de Justicia evitó sumarse a las críticas contra Arenas o reconocer que sus declaraciones hayan sido un error.
“Yo creo que él aclaró ya sus definiciones y yo no me voy a transformar en comentarista de los comentarios de terceros”, respondió.
Rabat prefirió insistir en que ha mantenido una relación de trabajo con parlamentarios de distintos sectores y que esa coordinación ha permitido sacar adelante proyectos importantes para el país.
Y aunque evitó entregar detalles sobre las conversaciones políticas para enfrentar la acusación, dejó claro que espera conseguir los apoyos necesarios para impedir su destitución.
“Con todos los que sea necesario para poder avanzar con esta acusación constitucional y que, en definitiva, sea rechazada, que es lo que espero”, sostuvo al cierre del punto de prensa.
Por ahora, el ministro también tiene otro asunto pendiente: entregar a la Fiscalía los antecedentes solicitados en el marco de la investigación relacionada con los decretos de rebaja de condenas.
El plazo vence este viernes y, según explicó, el Ministerio de Justicia está reuniendo una gran cantidad de documentos y archivos que deben ser revisados antes de su envío.
“Puede ser que hoy día, mañana, pero la idea es poder hacerlo oportunamente y entregarle toda la información”, aseguró.
Así, mientras prepara su defensa judicial y constitucional, Rabat intenta mantener el foco en la agenda legislativa, evitando abrir nuevas disputas con una oposición que busca su salida y con un PDG cuyos votos podrían terminar siendo decisivos para su continuidad en el Gobierno.