A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley de Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, también conocida como ley Papito Corazón, el Poder Judicial dio a conocer un balance de los mecanismos de cobro implementados para asegurar el pago de estas obligaciones, informando que se han ordenado pagos por un total de $3.885.443.300.562 ($3,88 billones).
La cifra fue entregada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien detalló que entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los tribunales de familia ordenaron pagar el monto que equivale al 1,98% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile.
De acuerdo con el balance, los pagos se han concretado mediante dos procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos.
El primero corresponde al procedimiento especial, que permite retener fondos desde cuentas bancarias o instrumentos financieros. A través de este mecanismo se han ordenado pagos por $822.205 millones, beneficiando a 404.400 representantes legales.
En tanto, mediante el procedimiento extraordinario, que permite utilizar fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias en las AFP, se han decretado órdenes de pago por $3,06 billones, alcanzando a 307.734 representantes legales.
A cuatro años de la ley Papito Corazón
Respecto del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, los 141 tribunales con competencia en materia de familia del país han ordenado un total de 728.700 inscripciones desde la entrada en vigencia de la normativa.
De ese total, 376.644 inscripciones permanecen vigentes, mientras que otras 352.056 ya fueron canceladas.
Asimismo, las causas que actualmente continúan vigentes en el sistema administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación registran una deuda total de $54.833 millones por concepto de pensiones de alimentos impagas.
En ese contexto, la presidenta de la Corte Suprema destacó la importancia de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, especialmente por su impacto en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.
“El pago oportuno de las pensiones de alimentos es trascendental para que las personas puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales desde su infancia”, sostuvo Chevesich.
No obstante, advirtió que, aunque la legislación apunta en la dirección correcta, todavía es necesario adoptar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, particularmente de los menores de edad.
Finalmente, la máxima autoridad del Poder Judicial reconoció el trabajo de quienes se desempeñan en los tribunales de familia y en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señalando que los resultados se han conseguido pese a la falta de recursos para enfrentar las nuevas exigencias legales.
Según planteó, los funcionarios han debido asumir estas tareas adicionales junto con sus responsabilidades habituales, lo que ha significado un importante costo humano.