El Gobierno incorporó en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 una cláusula que busca reforzar el uso de datos personales para fiscalizar la entrega de beneficios financiados por el Estado. La disposición aparece en 27 de las 33 partidas presupuestarias y abre interrogantes sobre los límites que tendrá el tratamiento de esa información.
Una nueva herramienta para controlar el destino de los recursos públicos busca implementar el Gobierno del presidente José Antonio Kast a través del Presupuesto 2027.
De acuerdo con los documentos oficiales publicados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la medida está incluida en las partidas de ministerios como Salud, Educación, Vivienda, Trabajo y Desarrollo Social, además de Justicia, Seguridad Pública y los gobiernos regionales.
El objetivo es que las instituciones puedan contrastar antecedentes de quienes solicitan prestaciones estatales para comprobar que cumplen los requisitos y detectar eventuales irregularidades.
¿Qué establece la cláusula?
La disposición señala que, por el hecho de solicitar un beneficio financiado con recursos públicos, se deja constancia de que los postulantes “han facultado el tratamiento de todo dato personal por parte de los organismos de la Administración del Estado”, de acuerdo con la normativa vigente y dentro de sus competencias.
En términos simples, el texto considera que la solicitud de una ayuda estatal permite tratar información personal para fiscalizar el uso de los recursos.
Un punto relevante es que la cláusula comprende tanto a quienes reciben efectivamente un beneficio como a quienes solamente postulan, incluso si finalmente no resultan seleccionados.
Sin embargo, esto no significa que cualquier organismo pueda acceder libremente a toda la información de una persona, ya que siguen aplicándose las restricciones establecidas en la legislación.
El plan del Gobierno para fiscalizar los beneficios revisando datos personales
La medida se relaciona con uno de los anuncios realizados por el presidente Kast durante la presentación del Presupuesto 2027.
En su cadena nacional del 30 de septiembre, el mandatario aseguró que el Estado comenzaría a revisar con mayor rigurosidad la asignación de ayudas sociales.
“El Estado va a verificar cada peso del gasto social, cruzando la información de sus registros para que los recursos lleguen a quien corresponde”, afirmó.
De esta forma, el Ejecutivo busca aprovechar antecedentes disponibles en distintas instituciones públicas para comprobar la información entregada por los solicitantes, sin modificar los requisitos ni los montos de los beneficios establecidos por ley.
Las dudas sobre el uso de datos personales
Aunque la cláusula apunta a fortalecer la fiscalización, su redacción deja aspectos sin precisar.
Entre ellos, no establece cuánto tiempo podrán conservarse los antecedentes de los postulantes, qué ocurrirá con la información de quienes no reciban una prestación ni cómo se informará a las personas sobre el uso de sus datos.
Tampoco identifica los registros específicos que podrán cruzarse ni excluye expresamente información sensible, como antecedentes médicos, cuyo tratamiento está sujeto a protecciones legales especiales.
A esto se suma una interrogante jurídica: si la sola solicitud de un beneficio constituye una habilitación suficiente para determinados tratamientos de información o si estos requieren una autorización legal más específica.
La discusión coincide con la implementación de la Ley 21.719, que establece nuevas exigencias para la protección de datos personales.
Una disposición nueva en el Presupuesto
Cabe destacar que la cláusula no figuraba con esta redacción en ninguna de las partidas de la Ley de Presupuestos 2026, según la comparación de los documentos oficiales de Dipres.
Su incorporación deberá ser revisada durante la tramitación del proyecto en el Congreso, donde los parlamentarios podrán solicitar precisiones o introducir modificaciones.
De esta manera, la discusión presupuestaria sumará un nuevo asunto: cómo mejorar los controles sobre la entrega de beneficios sociales sin comprometer la protección de la información personal de quienes recurren al Estado.
Enviando corrección, espere un momento...
