El proyecto de Presupuesto 2027 esconde cambios que van bastante más allá de cuánto dinero recibirá cada ministerio. En sus 51 artículos, el Gobierno modifica reglas que impactan directamente a las regiones, funcionarios públicos y municipios, además de intervenir en el calendario de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Entre las modificaciones más relevantes, los gobiernos regionales perderán participación en los recursos obtenidos por la venta de inmuebles fiscales, mientras los cupos para pasar trabajadores a honorarios hacia la contrata caerán de 6.500 a solo 1.500.
Pero no es lo único. El Ejecutivo también congelará el traspaso de cinco SLEP durante 2027, elevará en 44% el techo principal de endeudamiento y podrá descontar recursos a municipios que mantengan saldos SEP sin ejecutar. A ello se agregan medidas para acelerar inversiones y transparentar los sumarios por mal uso de licencias médicas.
Regiones pierden participación en venta de inmuebles fiscales
Uno de los cambios que anticipa mayor discusión política está contenido en el artículo 13.
Actualmente, cuando el Estado vende un inmueble fiscal, el 65% de lo recaudado corresponde al gobierno regional respectivo, un 10% a Bienes Nacionales y el 25% restante al Fisco.
La propuesta del Ejecutivo invierte buena parte de esa distribución: desde 2027, sólo un 35% quedaría en manos del gobierno regional y el otro 65% iría directamente al Fisco. Bienes Nacionales, además, dejaría de recibir su actual 10%.
En otras palabras, las regiones perderían 30 puntos porcentuales de participación en estos ingresos. El impacto dependerá de las ventas fiscales realizadas en cada territorio y podría sentirse especialmente donde este tipo de operaciones tiene mayor peso, como Antofagasta.
Gobierno frena paso de honorarios a contrata
El ajuste también alcanza al empleo público. Si durante 2026 se contemplaron 6.500 cupos para regularizar trabajadores a honorarios mediante su traspaso a contrata, el Presupuesto 2027 reduce esa cifra a solo 1.500 personas.
Son 5 mil cupos menos, equivalentes a una caída cercana al 77%, en una modificación que se enmarca en el control de las dotaciones del Estado.
El articulado mantiene, además, la regla de reposición de vacantes por retiro en un cupo por cada tres salidas.
Se congela el traspaso de cinco SLEP
Otro cambio relevante aparece en educación pública, ya que el artículo 40 suspende durante 2027 el traspaso de establecimientos educacionales a cinco Servicios Locales de Educación Pública: Litoral, Los Cerezos, Los Copihues, Chacabuco y Los Viñedos.
Esto implica que los respectivos establecimientos seguirán temporalmente bajo sus actuales administradores en vez de incorporarse a los SLEP durante el próximo año.
Un ejemplo es Litoral. Aunque tendrá $2.643 millones para financiar su instalación, no recibirá los colegios durante 2027, por lo que las comunas involucradas continuarán un año más con administración municipal.
La decisión se cruza, además, con la discusión legislativa de un proyecto que busca postergar hasta 2030 la entrada en funcionamiento de 12 SLEP y que avanzó a la Sala del Senado con informe negativo de Hacienda.
Techo de endeudamiento aumenta en 44%
En paralelo, el Gobierno amplía considerablemente su margen autorizado para recurrir a deuda.
El máximo principal establecido para 2026 es de US$17.400 millones, mientras que para 2027 se propone elevarlo a US$25.000 millones. En ambos casos existe además una autorización adicional de US$600 millones.
El salto del techo principal alcanza aproximadamente un 44%.
El aumento contrasta a primera vista con la señal de disciplina fiscal contenida en el mensaje presidencial: el Ejecutivo apunta a un déficit estructural de 1,8% del PIB durante 2027, frente a la meta de 2,8% vigente para este año.
Sin embargo, el monto corresponde a una autorización máxima de endeudamiento y no significa que necesariamente vaya a utilizarse en su totalidad.
Municipios arriesgan descuentos por platas SEP sin ejecutar
El Presupuesto también endurece las reglas para los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que permanezcan pendientes.
Los sostenedores con saldos de convenios vencidos desde enero de 2026 deberán presentar hasta el 30 de abril de 2027 un plan para ejecutar esos fondos.
Si no lo hacen —o posteriormente incumplen el plan— deberán reintegrar los recursos. Para las municipalidades, el mecanismo puede llegar directamente a sus ingresos: los montos podrán ser descontados desde el Fondo Común Municipal o del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
La norma abre así otro eventual foco de conflicto con los municipios que mantengan recursos SEP pendientes de ejecución.
Atajo para acelerar obras de inversión
Otro paquete de modificaciones busca acelerar la ejecución de inversiones públicas.
Los artículos 48 al 50 permiten que proyectos actualmente en ejecución mantengan su recomendación y establecen una evaluación simplificada para determinadas inversiones rurales menores, específicamente en localidades de menos de 5 mil habitantes y proyectos inferiores a 30 mil UTM.
Pero uno de los cambios más relevantes está en el inicio de las obras: proyectos de hasta 30 mil UTM mediante trato directo y hasta 75 mil UTM por licitación pública podrán comenzar desde su adjudicación, sin esperar el trámite ante Contraloría.
La apuesta del Ejecutivo es reducir los tiempos necesarios para poner en marcha inversiones, especialmente aquellas de menor escala.
Licencias médicas: servicios deberán transparentar sumarios
El último cambio se conecta directamente con la controversia por el uso irregular de licencias médicas dentro del Estado.
El artículo 46 obliga a cada servicio público a informar, a más tardar el 15 de enero de 2027, los sumarios administrativos relacionados con el uso indebido de licencias médicas iniciados desde mayo de 2025.
La fiscalización no terminará ahí. Posteriormente deberán emitirse informes trimestrales dirigidos a la Dirección de Presupuestos, Contraloría y las comisiones de Salud del Congreso.
Así, mientras buena parte de la discusión presupuestaria estará concentrada en los recortes y aumentos de recursos de cada cartera, el articulado anticipa otra batalla en el Congreso.
Son reglas que tocan intereses concretos: menos participación de las regiones en determinadas ventas fiscales, menos cupos para regularizar honorarios, municipios expuestos a descuentos y cinco SLEP cuyo traspaso quedará congelado. Un segundo frente del Presupuesto 2027 que comienza a aparecer detrás de sus cifras.
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