En un acuerdo reparatorio. Así terminó la persecución penal que se seguía en Chile contra la gigante internacional de la industria aeroespacial, Airbus, luego de que un helicóptero de la PDI se fuera a pique en pleno despegue y se incendiara.
Según información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el siniestro no sólo causó la muerte de dos funcionarias de la policía civil, sino también derivó en una indagatoria que destapó una concatenación de errores al interior de la filial chilena que estuvo a cargo de la mantención de la aeronave.
Tuercas posiblemente apretadas a mano, pernos mal instalados y presiones para finalizar los trabajos forman parte de una trama que concluyó con el desembolso de una cifra aún desconocida por parte de la compañía europea.
Estos son los testimonios que reconstruyen la tragedia.
“Los pedales no funcionaban”
31 de enero de 2024.
Apenas habían transcurrido unos segundos desde el despegue cuando comenzaron los problemas. El helicóptero Eurocopter de la Policía de Investigaciones (PDI) se elevó desde el Aeródromo de Pichidangui, en la comuna de Los Vilos, y cuando alcanzó unos 10 metros y empezaba a orientarse hacia el mar, partieron los ruidos. El segundo piloto, Mario Herrera Opazo, fue el primero en sentir un sonido extraño. Luego vinieron otros dos, similares. Cuando intentó recuperar potencia, un cuarto sonido —un zumbido diferente— terminó por confirmar que enfrentaban una emergencia.
El funcionario, un instructor de vuelo que para entonces acumulaba 1.735 horas de experiencia en ese modelo de helicóptero, tomó los mandos. Intentó aterrizar de emergencia, pero la nave perdió estabilidad. Su testimonio, contenido en informes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), lo describe así:
—Bajé el mando colectivo y la nariz del helicóptero inmediatamente se fue hacia la derecha y la cola hacia la izquierda. Los pedales no funcionaban (…) No reaccionaba con potencia —atestiguó quien se convirtió en uno de los tres sobrevivientes.
Herrera intentó controlar como pudo al helicóptero, pero terminó dando con una reja de postes de madera y —consecuentemente— con el suelo. Segundos después, comenzó el incendio.
Los cinco ocupantes lograron salir de la aeronave, pero no todos sobrevivieron. Camila Silva Segura (35), subcomisaria y piloto primera, murió en un centro asistencial. Llevaba 15 años de servicio. La subinspectora Daniela Zalazar Constanzo, integrante de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, compartió el mismo destino. Los otros tres ocupantes zafaron con vida, dos de ellos con lesiones graves.
El helicóptero quedó completamente destruido.
La “Gran Visita”
El helicóptero de la desgracia era un Eurocopter AS350 B3 fabricado en 2011, perteneciente a la PDI. Al momento del accidente acumulaba 2.736,8 horas de servicio.
Su última intervención había sido la denominada “Gran Visita”, una inspección periódica de 144 meses. La investigación final de la DGAC apunta justamente a ese mantenimiento como la causa del siniestro. Comenzó el 15 de mayo de 2023. Y si bien el informe de la DGAC no lo dice, la indagatoria penal posterior estableció que los trabajos se realizaron en el taller de Airbus Chile, con asiento en el aeródromo de La Reina.
El procedimiento contemplaba una revisión exhaustiva de la aeronave para determinar en qué estado se encontraba. Buscaron fracturas, deformaciones y corrosión; desmontaron el motor, la transmisión y el rotor principal.
Para el 29 de enero, dos días antes de la tragedia, el centro de mantenimiento entregó el helicóptero a la PDI. Sin observaciones y apto para retornar al servicio, les dijeron.
Sin embargo, no todo había quedado en orden. Al menos así se desprende del informe del organismo especializado: durante la mantención mayor fue desmontado y posteriormente reinstalado el MGB/Engine Coupling Shaft, un eje encargado de transmitir la potencia del motor hacia la caja de transmisión principal del helicóptero.
En términos simples, se trata de una pieza fundamental para que la energía generada por el motor llegue al rotor principal. Es decir, para que el helicóptero pueda volar.
Y fue precisamente esa conexión la que falló durante el despegue en Pichidangui.
Tres pernos para una tragedia
La investigación determinó que el eje de acoplamiento se encontraba desconectado cuando los especialistas inspeccionaron los restos de la aeronave.
La revisión contó con la participación de investigadores de la DGAC, especialistas del fabricante Airbus Helicopters y funcionarios de la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil de Francia (BEA).
El trabajo permitió establecer que la desconexión del componente provocó una pérdida de transmisión de potencia desde el motor hacia la caja de engranaje principal y, posteriormente, al rotor principal.
En consecuencia, el helicóptero perdió sustentación y —simplemente— cayó.
El documento de la BEA, fechado el 18 de diciembre de 2024, fue categórico respecto de la hipótesis que concentró la investigación.
“Se sospecha que la causa más probable de la pérdida del acoplamiento atornillado (…) es una instalación incorrecta de los pernos 1, 3 y 5”, señala la traducción incorporada en el informe chileno.
Una de las posibilidades más plausibles es que las tuercas para esos pernos no fueron instaladas en la Gran Visita. O que fueran apretadas “a mano”.
Esto último se sabe no sólo porque las tuercas nunca aparecieron entre los restos, sino por las declaraciones de los propios trabajadores del taller. Sus testimonios permitieron reconstruir una mantención que estuvo marcada por problemas de personal, interrupciones, cambios de trabajadores asignados a las tareas y jornadas extraordinarias.
Los turnos
Uno de los antecedentes más relevantes fue entregado por un supervisor del centro de mantenimiento. Según su declaración, la aeronave ingresó al hangar en mayo de 2023 para realizar la mantención mayor, pero los trabajos comenzaron con aproximadamente dos semanas de retraso. ¿La razón? No había personal suficiente: debían atender otras aeronaves en paralelo.
—La rotación del personal para cubrir otras actividades de mantenimiento en otras aeronaves ocurrió en forma repetitiva y a través de todo el segundo semestre. Fue por la alta carga de trabajo, la que históricamente sucede en la empresa en esas temporadas —declaró.
La situación se volvió todavía más compleja —afirmó— cuando la PDI solicitó que se priorizara la atención de otra aeronave.
El supervisor relató que debieron realizar inspecciones y cambios de componentes mayores, trasladando piezas entre ambas máquinas. Un día en este helicóptero, al siguiente en el otro.
Como consecuencia, los trabajos de la Gran Visita del Eurocopter se detuvieron en más de una oportunidad.
El funcionario señaló que no recordaba con precisión si la inspección se retomó en octubre o noviembre, ni cuánto tiempo demoraron en terminarla. Sin embargo, la fecha comprometida para entregar la aeronave no fue modificada.
Fue en ese contexto que comenzaron las jornadas extraordinarias.
El supervisor detalló que durante diciembre acumuló 77 horas hombre de trabajo extraordinario, “para lograr los objetivos de la empresa en lo comercial y financiero”.
—La presión para entregar la aeronave antes del término del año fue importante y ésta bajaba desde las gerencias y obviamente desde el cliente —declaró ante los investigadores.
El mismo funcionario agregó que, durante las dos primeras semanas de diciembre, debieron ejecutar un volumen de trabajo que normalmente habría requerido tres semanas y media.
Otro mecánico que declaró ante la DGAC coincidió. El trabajador, con 20 años de experiencia, señaló que entre noviembre y diciembre se desarrollaron jornadas extraordinarias superiores a las habituales para conseguir la entrega de la aeronave.
También habló de aspectos prácticos:
—Se reinstaló la misma ferretería que fue removida [del helicóptero] —lanzó.
Dicho de otro modo, durante la Gran Visita no cambiaron pernos, tuercas ni tornillos del helicóptero que terminaría siniestrado. La decisión —afirmó— se tomó “después de un chequeo visual”.
Los ruidos, las aspas, el fuego
De vuelta al accidente. La tragedia quedó registrada en video. Las imágenes, captadas por la cámara de seguridad de una casa aledaña, permitieron reconstruir el siniestro. Así, se supo que los ruidos que describieron los testigos no correspondían simplemente a una falla del motor. Eran, en realidad, las partes del helicóptero desconectándose.
Uno de los funcionarios de la PDI que viajaba de pasajero lo describió como una explosión que provenía detrás de él.
—De forma inmediata, la aeronave giró como en ciento ochenta grados, perdió estabilidad y comenzó a caer. Noté que el segundo piloto hizo una maniobra que imagino sería para estabilizar la aeronave, pero en fracciones de segundo caímos sobre uno de los patines del helicóptero.
El pasajero se puso en posición fetal.
—Para resistir el impacto —adujo.
La falla mecánica explica por qué el helicóptero cayó. Pero existe otro elemento que la investigación identifica como relevante para entender la magnitud del incendio: la aeronave iba cargada con dos bidones plásticos de combustible. 35 litros, en total, de Jet A-1, fabricado a base de queroseno y utilizado en prácticamente todos los aviones.
Los recipientes fueron subidos a la cabina en el Aeródromo de Pichidangui, junto con los 400 litros de combustible que se suministraron directamente al helicóptero.
Así, apenas el helicóptero cayó, se incendió.
El mismo pasajero atestiguó que vio que había fuego debajo de la aeronave. Se pasó hacia delante de la cabina y miró a los otros funcionarios:
—Síganme —les gritó.
Al salir vio de frente las palas del rotor principal que seguían rotando. Luego, vio más fuego. Y luego, a sus compañeros de viaje en medio del incendio. No pudo hacer nada.
—La tierra no era óptima para ahogar las llamas —explicó.
Tampoco su ropa. Las prendas iban empapadas del Jet A-1.
—Al parecer en la caída se filtró un poco de combustible de uno o de los dos bidones que llevábamos. [La ropa] estaba con olor a combustible.
La investigación determinó que el incendio se produjo por la combustión del combustible derramado, probablemente al entrar en contacto con partes calientes del helicóptero.
En particular, el impacto contra uno de los postes de madera del cerco perimetral provocó daños en la parte inferior de la aeronave y la fractura de su estanque de combustible.
Este último era de tipo estándar y no contaba con el sistema denominado Crash Resistant Fuel System (CRFS), diseñado para reducir el riesgo de derrames durante un siniestro.
La DGAC estimó que esta condición favoreció la generación y rápida propagación del incendio. A ello se sumó la presencia de los dos bidones dentro de la cabina, que pudieron contribuir a intensificar las llamas.
El sobreseimiento
A comienzos de este año, familiares de los afectados iniciaron una ofensiva judicial. Presentaron una querella criminal en contra de distintos actores de Airbus Chile: desde la plana ejecutiva para abajo, gerente general incluido.
La investigación avanzó, pero justo cuando la fiscalía estaba lista para formalizar a un mecánico y a un supervisor de Airbus, la transnacional y las familias llegaron a un acuerdo que frenó la causa que se seguía por cuasidelito de lesiones y cuasidelito de homicidio en contra de ambos imputados.
En el mismo acto, la fiscalía comunicó el sobreseimiento definitivo de Pier Marie Gout, el mandamás de la empresa en Chile; Elías Goncen Valero, gerente de Operaciones de la filial; y Juan Manuel García Pinilla, subgerente de Control de Calidad. Respecto de estos últimos, el Ministerio Público invocó la letra B del Artículo 250 del Código Procesal Penal. Es decir, “cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado”.
El acuerdo contó con la aprobación del juez de Garantía de Los Vilos, Luis Casas López.
“El querellante declara que renuncia expresa e irrevocablemente a ejercer en el futuro cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea civil, penal, administrativa, en contra de los querellados”, versa el desistimiento de la ofensiva judicial.
Los términos del pacto se desconocen y se mantienen en confidencialidad. Bío Bío Investiga intentó obtener una declaración de la abogada de Airbus, Paula Vial, sin resultados hasta el cierre de esta edición.