La Contraloría dio luz verde, aunque con alcances, a los cambios impulsados por el Ministerio de Vivienda a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Una modificación que busca flexibilizar algunas exigencias para nuevos proyectos habitacionales y que ya había generado polémica entre alcaldes, principalmente por sus posibles efectos en la densificación de las comunas.
Uno de los puntos más discutidos está justamente en la densidad. La propuesta original buscaba reemplazar el cálculo de cuatro habitantes por vivienda por coeficientes de 1,4 y 2.
Tras las observaciones de Contraloría, el Gobierno eliminó el coeficiente de 2 y mantuvo el de 1,4 solo para proyectos que cumplan determinadas condiciones de ubicación y conectividad.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, en conversación con La Radio, valoró las modificaciones realizadas y descartó uno de los principales temores que había surgido durante la discusión: aseguró que con la nueva ordenanza no existe posibilidad de que se generen nuevos “guetos verticales”.
“Es un proyecto que, además, la Contraloría no solo le dio toma de razón, sino que lo mejoró. Claramente no, no hay ninguna posibilidad de que haya guetos verticales porque primero la ordenanza no libera la altura y no hay ninguna posibilidad de que haya un gueto vertical“, señaló.
Pero esa conclusión no es compartida por todos. El director del Observatorio de Políticas Públicas del Territorio de la Universidad de Santiago, Américo Ibarra, advirtió que las proporciones establecidas en el decreto sí podrían generar una densificación excesiva y terminar afectando la calidad de vida de los barrios.
“El riesgo es evidente. La liberalización de la densidad y de la altura sin un soporte adecuado de infraestructura y de servicios puede reproducir fenómenos como los guetos verticales, podrían generar barrios sobrecargados y con baja calidad de vida“, aseveró.
Una preocupación que también comparte el docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Álvaro Farrú, quien advirtió que las nuevas condiciones podrían ser aprovechadas por inmobiliarias para aumentar la cantidad de viviendas en determinados proyectos.
“Claramente también está ese riesgo. La inmobiliaria lo que hace es sacarle rendimiento porque esto finalmente es un negocio, ¿no?, y por lo tanto yo le saco mucho mayor rendimiento a la mayor cantidad de viviendas que pueda incorporar en ese terreno”, dijo.
La misma Contraloría precisó que su toma de razón acredita la legalidad del decreto, pero no constituye un pronunciamiento sobre el mérito, la oportunidad o la conveniencia de las medidas. Superado ese control, el foco estará ahora en cómo los cambios impactarán concretamente en la densificación y planificación de las ciudades.
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