Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El trámite para las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) se encuentra estancado en el Congreso, generando debate por la falta de consenso en su contenido. Algunos parlamentarios advierten que la redacción actual podría limitar la acción de las fuerzas de seguridad, mientras que otros creen que carece de eximentes claros de responsabilidad. El senador Longton prefiere mantener el marco legal actual si no hay garantías suficientes para las policías y Fuerzas Armadas. Por otro lado, se discute la competencia de la justicia militar en casos que involucren a militares. El Socialismo Democrático critica la demora y señala la falta de voluntad política del Ejecutivo.
En punto muerto permanece el trámite para las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Recordemos que se trata de una propuesta clave para otorgar marco legal en la actuación, no solo relativa a las fuerzas de orden y seguridad, sino también para las Fuerzas Armadas.
Recordemos que se trata de un proyecto que ingresó al Congreso en abril de 2023, que permanece en tercer trámite constitucional a la espera de que se agilice la instalación de una comisión mixta para resolver sus discrepancias.
Según afirman en el oficialismo, el principal obstáculo sigue siendo la falta de consenso sobre el contenido de las normas.
Algunos parlamentarios advierten que la actual redacción podría terminar restringiendo la acción de los efectivos en materias como el grado de fuerza que pueden emplear o la regulación en el uso de armas potencialmente letales, debilitando así el objetivo de otorgarles mayor respaldo jurídico.
Otros sostienen que, si no incorpora eximentes claros de responsabilidad, incluso podría representar un retroceso frente a la Ley Naín-Retamal.
Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)
Para el senador Andrés Longton (RN), mientras no existan garantías suficientes en la propuesta para policías y las Fuerzas Armadas, es preferible mantener el marco legal vigente.
“Si se pretende avanzar, tiene que haber, primero, claridad respecto a que estas reglas no van a significar un retroceso respecto de lo que ya existe. Si en eso no se puede avanzar, me parece que hoy tenemos garantías suficientes para que nuestras policías y Fuerzas Armadas puedan actuar”, dijo.
Por otro lado, sigue siendo una piedra en el camino la competencia de la justicia militar para conocer causas que involucren a integrantes de las Fuerzas Armadas.
En tanto, en el Socialismo Democrático estiman que las diferencias técnicas no justifican la demora en el trámite. El senador Pedro Araya (PPD) aseguró que el principal problema es la voluntad política del Ejecutivo.
“Lo que ha faltado, a mi juicio, es una conducción más clara, por parte del gobierno, para construir acuerdos y darle prioridad a una ley que es clave para entregar certeza jurídica. Creo que esa definión política es urgente y es lo que sigue pendiente para construir un acuerdo que permita destrabar este proyecto”, señaló.
La semana pasada, en conversación con T13 Radio, el ministro de Defensa, Fernando Barros, afirmó que las Fuerzas Armadas han manifestado la necesidad de contar con un marco jurídico claro para actuar.
En esa línea, el secretario de Estado planteó las dificultades de entender la “racionalidad” en el uso de la fuerza en casos que no corresponden ni a una guerra internacional ni al control del orden público durante manifestaciones.
Igualmente, aseguró que el Ejecutivo ya optó por reiniciar la discusión para perfeccionar el proyecto y abogar por su pronta aprobación.
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