Oposición no descarta recurrir al TC por reforma a Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Tal como ocurrió con el proyecto de Escuelas Protegidas, sectores de oposición advirtieron que podrían recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional ante el posible avance de las reformas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Lo anterior, considerando que algunas de ellas podrían entrar en conflicto con normas constitucionales e internacionales.

La controversia surge luego de que el gobierno anunciara que pondrá urgencia a una reforma, presentada originalmente en 2022 por parlamentarios de Renovación Nacional (RN), destinada a endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos de mayor gravedad.

Si bien el ministro de Justicia, Fernando Rabat, indicó que las indicaciones al proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente serán presentadas formalmente la próxima semana, ya adelantó que se busca que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo el régimen penal de adultos cuando sean imputados por alguno de 17 delitos de alta gravedad, entre ellos homicidio y secuestro. Esto, siempre que exista una solicitud del fiscal y la autorización de un juez.

La iniciativa también contempla aumentar las penas para menores de 16 años en este tipo de casos y eliminar ciertos beneficios para quienes reincidan tras haber sido condenados por delitos graves. Asimismo, desde el Ejecutivo se descartó rebajar la edad de imputabilidad penal adolescente.

El diputado Juan Santana (PS) adelantó que no se descarta presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) si el texto que impulse el Ejecutivo vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño.

En la misma línea, la diputada Lorena Fries (FA) sostuvo que la iniciativa podría ser inconstitucional, argumentando que los tratados internacionales suscritos por Chile establecen límites respecto de las sanciones que pueden aplicarse a niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, el abogado y académico de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, llamó a la cautela frente a esas interpretaciones. Según explicó, si bien existen tratados internacionales que resguardan especialmente a los menores de edad, corresponde analizar el contenido definitivo de la reforma antes de concluir que existe una infracción constitucional.

El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y el Ejecutivo ingresará las indicaciones específicas la próxima semana para acelerar la medida y que ya se le asignó discusión inmediata.