El Congreso aprobó y despachó a ley el proyecto destinado a paliar el alza de los combustibles, tras una extensa jornada marcada por la tensión política y cuestionamientos directos al ministro del Interior, Claudio Alvarado, por su vínculo con una empresa del rubro, Sociedad de Inversiones El Alba LTDA.
Una Cámara de Diputados con los ánimos caldeados selló el trámite legislativo de la iniciativa, que busca contener el impacto de las alzas ya visibles en las bencineras del país.
La discusión comenzó con retraso —cerca de las 22:00 horas— luego de un largo debate previo en el Senado y se extendió en medio de duros intercambios entre oficialismo y oposición.
Cuestionamientos por vínculo con empresa de combustibles
El foco de la controversia estuvo en Alvarado. Durante la sesión, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, reveló que el ministro había administrado hasta febrero una empresa de combustibles, emplazándolo directamente.
“No le parece razonable que usted debió haberse abstenido de intervenir en esta discusión debido a su anterior participación en una empresa ligada al rubro de las petroleras, como lo es la Sociedad de Inversiones Alba. No es razonable, es un mínimo de imparcialidad”, le espetó.
A las críticas se sumó el diputado Matías Fernández, quien sostuvo que “Chile merece una explicación del ministro Alvarado. No transparentó su participación en una empresa del petróleo y recién se habría desvinculado en febrero. Mientras las familias pagan más por los combustibles, esto huele a conflicto de interés”.
Alvarado responde y descarta conflicto de interés
Tras la sesión, el ministro respondió con dureza a los cuestionamientos, defendiendo su actuar y acusando motivaciones políticas en su contra.
“En base a los emplazamientos que me hacen en la sala, que se informen adecuadamente. Tengo una larga trayectoria pública, 16 años en este Congreso, he estado más de 6 años en el poder Ejecutivo, he sido senador de la República; mis declaraciones de patrimonio y de intereses son públicas y, si algunos quieren utilizar de mala fe o producto de que no les gusta un proyecto de ley, sacar a colación situaciones de carácter personal que no se ajustan a la realidad, ellos tendrán que dar las propias explicaciones”, afirmó.
El secretario de Estado agregó que “cuando no hay argumentos, se cae en la descalificación personal. Cuando hay buenos argumentos, se hace un debate político con altura. Si alguien quiere ensuciar la política, que, por favor, después vayan al lavamanos, se limpien las manos y seguimos conversando”.
Asimismo, aseguró que su situación fue regularizada antes de asumir funciones: “Yo tengo el legítimo derecho a tener actividades comerciales, y esas actividades comerciales se desarrollan familiarmente desde la década del año 80; por lo tanto, consciente de que asumía una responsabilidad en el Gobierno, en el mes de febrero, están las escrituras públicas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces en el respectivo Registro de Comercio, que yo dejé en la administración de esa sociedad a la cual se hace mención”.
Finalmente, remató que “esto lo tomo solamente como una falta de argumento, una falta de altura y de una mala calidad de un sector político”.
Pese a las explicaciones de Alvarado, las dudas persistieron en la oposición. La diputada Yeomans replicó que “claro, él lo que dice es que en el mes de febrero ya no tiene administración, pero no aclara respecto a su participación en las empresas, y eso es lo que estamos pidiendo que aclare”.
Debate político y aprobación del proyecto
En paralelo, la sesión también incluyó críticas a otras autoridades. Parlamentarios opositores pidieron la renuncia de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, por la polémica del “Estado quebrado”, y apuntaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como responsable de la situación de los combustibles.
Desde el Ejecutivo, Quiroz valoró el resultado del debate, asegurando que se logró mejorar el proyecto durante su tramitación. Sin embargo, la oposición insistió en responsabilizar al Gobierno de José Antonio Kast por el escenario económico.
“La crisis económica que va a comenzar este jueves es una crisis creada por el Gobierno de José Antonio Kast, que es el alza de los combustibles y, en consecuencia, el alza de los alimentos”, acusó la diputada Constanza Schonhaut.
En la misma línea, el diputado Boris Barrera criticó que el Ejecutivo busque gobernar “con decretos de manera autoritaria, sin enfrentar el debate democrático aquí en el Congreso”.
Aunque la iniciativa contempla medidas de apoyo para colectivos, taxis y transporte escolar, incluso desde el oficialismo la calificaron como insuficiente.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez propuso avanzar en rebajas de peajes y TAG: “Que se pueda conversar con las empresas concesionarias para que al menos transitoriamente se bajen los peajes y los TAG es algo que se puede hacer, que no requiere ni siquiera una ley”.
Pese a las polémicas y recriminaciones cruzadas, el proyecto fue finalmente despachado a ley y quedó a la espera de su promulgación y publicación en el Diario Oficial, en un contexto donde el alza de los combustibles ya comenzó a impactar a los consumidores.
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