La empresa Andes Iron presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta anulara el procedimiento que buscaba obligar al Comité de Ministros a cumplir un fallo clave a favor del proyecto Dominga.
La acción judicial apunta contra tres ministros del tribunal de alzada, a quienes la compañía acusa de haber cometido “faltas graves” al invalidar el mecanismo que estaba utilizando el Primer Tribunal Ambiental (1TA) para supervisar el cumplimiento de su sentencia.
¿Qué está en disputa?
En diciembre de 2024, el 1TA anuló el rechazo que el Comité de Ministros había dictado en 2023 contra Dominga. En ese fallo, el tribunal ordenó que se emitiera una nueva resolución, ajustándose a criterios específicos y respetando lo que ya se había resuelto en decisiones anteriores.
Sin embargo, cuando el Comité volvió a pronunciarse, nuevamente rechazó el proyecto. Ante eso, Andes Iron pidió que se activara un procedimiento de “cumplimiento incidental”, es decir, un mecanismo para exigir que se acatara correctamente la sentencia.
En febrero de 2025, el Tribunal Ambiental concluyó que el Comité no había cumplido completamente el fallo, ya que habría incorporado nuevos argumentos para rechazar la iniciativa, fuera de lo que estaba permitido por la sentencia.
Pero la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló todo ese procedimiento, señalando que ese tipo de fallo no podía ejecutarse por esa vía.
La ofensiva ante la Suprema
Frente a esa decisión, Andes Iron acudió ahora a la Corte Suprema. En su presentación, la empresa sostiene que la Corte de Apelaciones confundió aspectos técnicos del proceso y terminó dejando sin efecto una sentencia que ya estaba firme.
Según la minera, el fallo del Tribunal Ambiental sí podía exigirse y la Corte de Antofagasta no debió anular el procedimiento.
Además, argumenta que la invalidación se hizo de oficio —sin que alguna de las partes lo pidiera formalmente— y que eso afectaría la posibilidad real de hacer cumplir lo resuelto por un tribunal.
En términos simples, la compañía advierte que, si se mantiene el criterio de la Corte de Apelaciones, las sentencias de los tribunales ambientales podrían quedar sin herramientas efectivas para obligar a su cumplimiento.
Un conflicto que suma más capítulos
El proyecto Dominga acumula más de una década de tramitación, con rechazos, aprobaciones parciales y múltiples revisiones judiciales. En los últimos días, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ya había anulado otra resolución del Tribunal Ambiental, lo que fue calificado por el Gobierno como un revés que evidenciaría falencias importantes en el proceso.
Pese a ello, Andes Iron ha reiterado que continuará impulsando la iniciativa.
Ahora será la Corte Suprema la que deberá definir si la Corte de Antofagasta actuó correctamente al anular el procedimiento de cumplimiento o si, como sostiene la empresa, se excedió en sus atribuciones.
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