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El diputado Cristián Araya criticó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de que la Contraloría General de la República concluyera que no se justificaba un trato directo en la contratación de la empresa Unholster S.A. para el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. La Contraloría señaló que no se demostró la inexistencia de otros proveedores, y que el anteproyecto previo de la empresa no era motivo suficiente.
El diputado Cristián Araya (REP) cuestionó duramente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR), que concluyó que no se encuentra debidamente fundada la causal invocada para celebrar un trato directo en la contratación de la empresa Unholster S.A., para el desarrollo de la plataforma informática del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
El parlamentario, quien solicitó el pronunciamiento junto a otros diputados, afirmó que “la Contraloría ha sido categórica: no se acreditó que no existieran otros proveedores que pudieran otorgar la misma seguridad y confianza, requisito indispensable para justificar un trato directo. Aquí no bastaba invocar la norma, había que demostrarla”.
Araya enfatizó que la CGR estableció que el solo hecho de que la empresa hubiera desarrollado previamente el anteproyecto no era suficiente para justificar una contratación directa posterior, ya que ello podría generar una situación de privilegio indebido frente a otros oferentes.
Asimismo, destacó que el dictamen ordena instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
“Cuando se trata de recursos públicos y de un proyecto de esta envergadura, la transparencia no es opcional. Vamos a exigir que se determinen todas las responsabilidades y que se resguarde la probidad en cada etapa del proceso”, concluyó Araya.
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