Molestia e insatisfacción manifestaron los diputados del Partido Republicano, José Carlos Meza y Renzo Trisotti, luego de recibir la respuesta de Chile Atiende al oficio enviado en noviembre pasado, en el que solicitaban información por la eventual entrega de Claves Únicas a inmigrantes en situación irregular.
Según indicaron los parlamentarios, la contestación del organismo no solo confirmaría que la situación denunciada efectivamente ocurrió, sino que además carecería de detalles relevantes, lo que calificaron como “impresentable”.
Ante este escenario, anunciaron que enviarán todos los antecedentes a la Contraloría General de la República durante los primeros días de 2026, con el objetivo de que sea dicho ente fiscalizador el que esclarezca lo ocurrido.
El diputado por la Región Metropolitana, José Carlos Meza, sostuvo que “cuando enviamos los oficios advertimos que, de ser cierta esta información, estaríamos frente a una situación grave. Hoy, con la respuesta de Chile Atiende, se confirma que esto sucedió, pero no se nos entrega información clave, como el número exacto de Claves Únicas entregadas a extranjeros ilegales”.
Meza agregó que el organismo se limita a señalar que se trató de un “número acotado de migrantes”, sin precisar fechas, oficinas involucradas ni cantidades, derivando dicha información a la Secretaría de Gobierno Digital. “En la práctica, nos dicen que no nos van a entregar los datos detallados”, afirmó.
A las críticas se sumó el diputado por la Región de Tarapacá, Renzo Trisotti, quien calificó como insuficiente que la respuesta solo indique que las Claves Únicas “fueron deshabilitadas por la Secretaría de Gobierno Digital”. A su juicio, aquello no aclara la magnitud del problema ni las responsabilidades involucradas.
“No se nos informa cuántas Claves Únicas fueron captadas por inmigrantes ilegales, ni se asume una responsabilidad clara. Simplemente, se señala que la información la tiene otro organismo, lo que no nos parece correcto”, enfatizó Trisotti.
El parlamentario también cuestionó la falta de claridad respecto a eventuales sanciones administrativas, señalando que Chile Atiende solo informó que “se están recabando antecedentes” junto a otros servicios del Estado para evaluar las acciones a seguir.
“Esto es especialmente grave, porque no sabemos cuántas personas accedieron a estos beneficios ni si habrá sanciones por este error. Por eso hemos decidido remitir todos los antecedentes a la Contraloría, para que se investigue a fondo”, concluyó.