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El plazo hasta enero de 2026 para cumplir con la contratación del 1% de personas con discapacidad, según la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, permite a empresas con 100 o más trabajadores optar por realizar donaciones a fundaciones que promueven la inclusión. Fundación SOFAN destaca que menos del 40% de las 2.7 millones de personas con discapacidad en Chile participan en el mercado laboral formal. Subrayan que la inclusión va más allá de cumplir la ley, enfatizando la importancia de la formación y sostenibilidad para fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad.
Hasta enero de 2026 se extenderá el plazo para que las empresas con 100 o más trabajadores que no puedan cumplir con la contratación del 1% de personas con discapacidad, exigida por la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, puedan optar por la medida subsidiaria de realizar donaciones a fundaciones que desarrollan programas de inclusión.
Rodrigo Moreno, presidente de la Fundación SOFAN, dedicada a fomentar la inclusión laboral, explica que “en nuestro país, más de 2.7 millones de personas viven con alguna discapacidad, sin embargo, menos del 40% de ellas participa en el mercado laboral formalmente”.
En este sentido, manifiesta que “estamos conscientes que por distintas razones muchas empresas no pueden dar cumplimiento al 1%, por lo que la donación a fundaciones, es una buena alternativa para contribuir a iniciativas que fortalezcan la inclusión laboral”.
Por ello, recordó que el trabajo en inclusión va más allá de cumplir con una ley, involucrando formación, acompañamiento y sostenibilidad, por lo cual como institución consideran clave apoyar inclusión social y laboral para fomentar la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad.
Finalmente indica que “el mensaje central que queremos entregar a las empresas es que cumplir la ley es una forma de garantizar derechos, no de hacer caridad”.
Donar para fortalecer la inclusión
La Ley de Inclusión Laboral cumplió durante en 2025 siete años de vigencia en Chile, dando la opción concreta a las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente la obligación establecida en la normativa.
La alternativa es efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones que desarrollen programas para el fortalecimiento de la inclusión laboral en nuestro país y que estén inscritos en el Registro del Banco de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Las donaciones se calculan de acuerdo a la cantidad de personas contratadas y la cantidad que falta para cumplir con la cuota de inclusión. Por cada trabajador faltante, la Ley 21.015 exige una donación equivalente a 24 ingresos mínimos mensuales (IMM) durante el año.
