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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Diputadas de oposición expresan preocupación por falta de avances en investigación por delitos sexuales contra exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a un año de la denuncia. Parlamentarias Carla Morales y Sofía Cid critican la demora en el caso, destacando impacto negativo en otras víctimas de abuso. Demandan celeridad y efectividad en la justicia para garantizar protección a denunciantes y evitar impunidad en situaciones similares.

A un año de la denuncia por delitos sexuales contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, diputadas de oposición abordaron el caso y manifestaron preocupación por lo que califican de “falta de avances” en la investigación.

Específicamente, se trata de las parlamentarias Carla Morales (RN) y Sofía Cid, del Partido Republicano, quienes son integrantes de la comisión investigadora que abordó este caso en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según advierten, esta situación podría tener un efecto negativo en otros casos similares que requieren atención urgente y responsable por parte de las instituciones competentes.

Las diputadas Morales y Cid recalcaron que el tiempo transcurrido sin avances concretos “no solo afecta la búsqueda de justicia” para la denunciante, sino que también “envía un mensaje desalentador a otras posibles víctimas” de delitos sexuales.

“Es inaceptable que un año después, aún estemos esperando avances en este caso tan relevante. Se está dando una pésima señal a la ciudadanía. La justicia debe ser rápida y efectiva, especialmente en estos asuntos tan graves”, declaró Morales.

Por su parte, la diputada Cid señaló que “la impunidad es el peor de los escenarios y, lamentablemente, este caso está ejemplificando lo que ocurre en muchos otros; necesitamos medidas efectivas que aseguren que las denuncias sean tomadas en serio y que se actúe con prontitud”.

Finalmente, las parlamentarias enfatizaron la importancia de generar políticas públicas que fortalezcan la protección de las víctimas de violencia sexual y promuevan un ambiente de confianza donde se sientan seguras al presentar sus denuncias.