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La Contraloría detectó irregularidades en el caso de Jeanette Tapia Fuentes, quien trabajaba como asesora de Carlos Montes en el Ministerio de Vivienda sin estar contratada por esta entidad, sino por el PNUD. Tapia recibió un bono millonario por retiro voluntario en 2018, lo que le impedía trabajar para el Gobierno por 5 años, debiendo devolver los fondos en caso contrario. Tras la denuncia de la diputada Gloria Naveillán, la Contraloría ordenó al MINVU cesar la actividad de Tapia y recuperar los dineros otorgados.
La Contraloría confirmó este lunes que Jeanette Tapia Fuentes ejercía como asesora del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, pese a haber recibido un bono de retiro voluntario que le impedía ser contratada nuevamente por el Estado y mientras mantenía un vínculo laboral con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ante ello, el órgano fiscalizador ordenó cesar de inmediato sus funciones, recuperar los fondos y revisar otros casos donde se repita la misma irregularidad.
A principios de 2024 un artículo de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío titulado ¿Quién paga? La “asesora” de Carlos Montes que no está contratada por Vivienda cuestionó el rol que cumplía Jeanette Tapia Fuentes en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo: a pesar de estar contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Tapia parecía estar cumpliendo funciones como asesora del ministro Carlos Montes Cisternas (PS), incluso apareciendo con ese cargo en documentos oficiales.
No solo eso. En 2018, Tapia había obtenido un bono millonario por el incentivo al retiro voluntario, beneficio que restringe que quien lo reciba trabaje para el Gobierno por un periodo de cinco años, o se debe devolver el dinero, en este caso, alrededor de $50 millones de pesos.
A raíz del artículo, la diputada Gloria Naveillán Arriagada, del Partido Nacional Libertario, junto a Luis Sánchez Ossa (Republicanos) oficiaron a la Contraloría para que se pronunciara respecto a la denuncia. Este lunes el órgano fiscalizador les dio la razón, ordenando al MINVU cesar la actividad de Tapia y recuperar los dineros que le fueron otorgados mediante el bono de retiro voluntario.
La Contraloría además identificó que este no es el único caso de personas que al mismo tiempo están o estaban trabajando en proyectos del PNUD y prestando servicios para el Estado, y ordenó revisar los casos particulares.
“La señora Jeanette Tapia estuvo ejerciendo funciones, incluso viniendo aquí a la Cámara de Diputados y también al Senado, como asesora del Ministerio de Vivienda, pero resulta que esta señora estaba contratada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y, por lo tanto, ella tenía una restricción de 5 años en la cual no debió estar participando acá como asesora. Los fondos que ella recibió por este retiro, ella debe entregarlos de vuelta al Ministerio de Vivienda, porque son fondos públicos y el Ministerio de Vivienda tiene la obligación de cobrar”, acusó la diputada Naveillán en un video.
Primera irregularidad detectada por Contraloría: un doble rol
En el documento emitido este lunes 8 de septiembre, la Contraloría en primer lugar, confirmó que Tapia compareció ante la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, como abogada asesora legislativa del MINVU en al menos tres ocasiones, interviniendo y teniendo injerencia en la tramitación y modificación de distintos proyectos de ley. Pero al mismo tiempo que se encontraba ejerciendo como asesora legislativa del MINVU, estaba contratada como especialista en normativa urbana desde 2022 en el proyecto Fortalecimiento del Estado para la Promoción de un Desarrollo Territorial Sostenible e Inclusivo del PNUD.
De acuerdo a la Contraloría, “la representación de un ministerio u organismo público se enmarca en el ejercicio de una función pública, que no puede ser encomendada por medio de un convenio celebrado con una Agencia de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas”.
Por ello, y “considerando que la señora Tapia Fuentes no se encuentra jurídicamente habilitada para desarrollar dicha labor de representación”, la Contraloría indicó al MINVU que dicha actividad de representación deberá cesar, y se deberá evitar incurrir en irregularidades como la observada.
Sanción: Devolver la plata
Pero la respuesta no quedó ahí.
La Contraloría también analizó el bono recibido por Tapia en 2018, cuyo objetivo es incentivar el ceses anticipado de funcionarios públicos a cambio de un beneficio económico.
Se explica que en el marco de convenios celebrados entre el MINVU y el PNUD, se advierte que el MINVU transfirió recursos públicos al PNUD para la ejecución de proyectos, en el marco de cuales dicha organización contrató específicamente a Tapia, para cumplir labores precisamente en el MINVU.
Es por ello, que esta contratación contravendría entonces los objetivos del bono entregado por el retiro voluntario, argumentó la Contraloría.
“Corresponde que el MINVU adopte las medidas conducentes a obtener la restitución de las señaladas bonificaciones”, concluyó.
Otros casos: Contraloría ordena investigar
Como parte de la investigación, la Contraloría le solicitó al Ministerio que proporcionara la individualización de las personas que han prestado servicios en el proyecto del PNUD entre 2016 y 2024, entregándoles 59 nombres.
En aquella revisión, se constató que en 8 casos, el tiempo servido en el programa coincide con lapsos en los que aquellas personas estaban ejerciendo como funcionarios o servidores a honorarios para el Estado. Por ello, la Contraloría remitió los antecedentes a los distintos organismos para que analizaran si hubo superposición entre su trabajo y el servicio prestado al PNUD.
