Ministro Gajardo: Con Punta Peuco ahora, son las mismas razones de Piñera para cerrar penal Cordillera

Sin duda, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, fue uno de los más requeridos tras la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric. El anuncio de la modificación del penal Punta Peuco a una cárcel común generó controversia al interior del mundo político.

Desde Morandé 107, en su oficina ministerial, Gajardo explica los argumentos de la decisión del mandatario. En ese sentido, destaca que las razones esgrimidas son prácticamente las mismas que cuando el expresidente Sebastián Piñera anunció el cierre del penal Cordillera hace 12 años: igualdad ante la ley y la posibilidad de que Gendarmería gestione adecuadamente el sistema penitenciario.

El secretario de Estado adelanta, en conversación con BioBioChile, que -a la espera de un informe técnico- lo más probable es que sean personas mayores con baja o mediana peligrosidad quienes lleguen a dicha cárcel.

En otro punto, el también exsubsecretario de Justicia cuenta que cuando llegaron a La Moneda recibieron un sistema penitenciario que rápidamente se sobrepobló, con un crecimiento exponencial. Según su análisis, para contrarrestar la sobrepoblación penal, se necesitan aproximadamente entre 20 mil y 25 mil plazas más.

El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia es otra de las prioridades de la administración Boric. Destacando avances significativos, el secretario de Estado dice no tener duda en que sea quien sea el siguiente presidente o presidenta, la política pública prevalecerá.

“Yo creo que todos los candidatos valoran la importancia que tienen los Derechos Humanos. Me parece que en eso nuestro país ha aprendido y tiene que aprender más todavía”, plantea.

Transformación del penal Punta Peuco a una cárcel común

—¿Cuáles son los argumentos para convertir Punta Peuco en un penal común? Tanto en materia de Derechos Humanos como aspectos técnicos.

Tal como lo señaló el Presidente de la República, no existe justificación o razón para que tengamos un penal especial para las personas que cometieron graves delitos, violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. No existe justificación que la podamos fundamentar en nuestro marco constitucional, no existe justificación desde un punto de vista práctico, porque de hecho, lo que hacemos al tener un penal especial para personas que han cometido cierto tipo de delitos es restringir las facultades de Gendarmería para gestionar adecuadamente el sistema penitenciario. Y tal como lo señaló el expresidente Piñera el 10 de septiembre del año 2013, cuando cerró el penal Cordillera, las razones que nosotros hemos esgrimido son prácticamente las mismas: la igualdad ante la ley y la posibilidad de Gendarmería de gestionar adecuadamente el sistema penitenciario. Esas son las razones que esgrimió el expresidente Piñera en el año 2013, muy similares a las razones que esgrime el Presidente Boric en su cuenta del 1 de junio del 2025, diciéndole a todo nuestro país que así como se cerró el Penal Cordillera, es necesario transformar Punta Peuco en un penal común, tanto por la igualdad ante la ley como por la necesidad que tiene Gendarmería de gestionar adecuadamente el sistema penitenciario.

—¿Cómo es el proceso administrativo? ¿Cuánto podría demorar?

La Cuenta Pública fue el día domingo 1 de junio, el día lunes 2 de junio nosotros iniciamos el proceso administrativo. Para eso la ley establece que hay que requerir el informe de Gendarmería de Chile respecto a la modificación, la creación o el término de algún establecimiento penal. Esta es una facultad del Presidente de la República, pero se requiere siempre el informe técnico de Gendarmería. Eso ya se requirió. El informe de Gendarmería se evacuó el miércoles (11 de junio) y con eso se va a dictar el decreto supremo -que lo firma tanto el ministro de Justicia como el Presidente de la República- y vaya a toma de razón de la Contraloría General de la República. Una vez que la Contraloría toma razón, este decreto se publica en el Diario Oficial, y una vez que se publica ya el penal de Punta Peuco va a dejar de ser un penal especial y va a ser un penal común, como son el resto de los 80 establecimientos penales que hay a lo largo de nuestro país.

—¿Cuáles serían los criterios en la segregación? ¿Solo adultos mayores? ¿Se ampliaría el recinto o se haría un anexo?

A raíz de la decisión del Presidente de la República hemos iniciado dos tipos de estudios. Uno tiene que ver con que Gendarmería nos presenta un plan de segregación, es decir, qué tipo de población penal general debería estar en Punta Peuco y ahí lo más probable es que sean personas mayores. Ahora bien, no personas mayores que han cometido solo crímenes de lesa humanidad, sino personas mayores en general, que hayan cometido delitos y que se encuentren cumpliendo su condena con un tipo de peligrosidad para el sistema penitenciario, que no es lo mismo que el tipo de delito que han cometido, sino que peligrosidad para el sistema penitenciario, que sea de bajo o mediano compromiso delictual. Eso es lo más probable, pero estamos esperando el informe de Gendarmería al respecto.

Y lo segundo es que estamos evaluando distintas medidas respecto a ese penal, ¿por qué era importante transformarlo en un penal común? Porque entre otras cosas, es un penal en el cual nosotros tenemos espacio, tenemos posibilidades de, por ejemplo, ampliar y eso también lo estamos evaluando para que en paralelo, mientras se tramita formalmente el decreto que modifica el destino en cuanto al tipo de personas que pueden ir a Punta Peuco, nosotros ya tengamos listo el tipo de segregación y si se va a ampliar o no este penal.

Sistema penitenciario y sobrepoblación penal

—Cuando asumieron el gobierno, ¿cómo se encontraron con el sistema penitenciario? Y, a menos de un año de terminar la administración del presidente Gabriel Boric, ¿cómo lo dejan?

Nosotros recibimos un sistema penitenciario que rápidamente se sobrepobló, hubo un crecimiento muy exponencial en sobrepoblación. Lo recibimos con 41 mil personas y fracción, y estamos al día de hoy llegando a las 60 mil personas (…) en estos tres años prácticamente de mandato, un poquito más de tres años, nuestro sistema penitenciario ha crecido en más de 20 mil personas privadas de libertad. Es un crecimiento muy importante en el fondo, es la mitad de lo que prácticamente nosotros recibimos. Para eso, nuestro gobierno ha dispuesto un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, para que no tengamos sobrepoblación porque siempre es un problema para los sistemas penitenciarios. Actualmente, tenemos 43% sobrepoblación y para disminuirla ya hemos aumentado -en estos tres años de gobierno- más de 2 mil plazas en nuestro sistema penitenciario y eso ha sido con la ampliación de establecimientos penitenciarios, como con la reapertura. Y, por su parte, estamos dejando proyectos en desarrollo que se van a ir ejecutando durante este año y también durante los próximos años. Esos proyectos en desarrollo son aproximadamente 14 mil plazas en total. Es decir, al próximo gobierno le vamos a entregar un sistema penitenciario con un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria para hacerse cargo de la sobrepoblación.

A su vez también hemos trabajado en otro ámbito que es tener plazas de máxima seguridad, porque los dos desafíos importantes que tenemos el sistema penitenciario: uno es la sobrepoblación y el otro es la presencia de líderes de bandas criminales de crimen organizado. Para eso nosotros recibimos 300 plazas de máxima y alta seguridad. Ya las hemos aumentado al doble y en lo que nos queda de mandato, vamos a subir en aproximadamente 200 plazas más; y en el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria les vamos a entregar prácticamente el triple. Una vez que se termine de ejecutar eso, de plazas de alta y máxima seguridad, lo que va a permitir es una buena gestión del sistema penitenciario en su conjunto.

—¿Hay un número estimado de cuántas unidades carcelarias estarían faltando para tener los recintos acordes a la población penal que existe?

Necesitamos aproximadamente entre 20 mil y 25 mil plazas más. ¿Qué es lo que significa eso? Que nosotros le vamos a entregar al próximo gobierno un plan en desarrollo de 14 mil plazas, pero tenemos otras 15 mil plazas en evaluación y esas están cambiando su estatus. Hay algunas que están pasando de evaluación a desarrollo, pero lo importante acá es que tengamos un plan robusto de infraestructura penitenciaria, que es precisamente lo que a nosotros nos preocupaba. Esto es un plan que además está financiado. Estamos hablando de 1 billón 300 mil millones de pesos, algo así como 1.300 millones de dólares. Este Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria ya lo tenemos en la cartera de proyectos del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Obras Públicas y completamente financiado por la Dirección de Presupuesto.

—¿Y dónde instalarlas? ¿Cómo se ha ido trabajando ante la resistencia tanto de las comunidades, como de los mismos alcaldes que se oponen? En general, y no es sorpresa, nadie quiere una cárcel cerca.

Así es. Por lo mismo, el primer criterio que hemos utilizado es ampliar las cárceles ya existentes en aquellos lugares donde tenemos posibilidades de ampliar. Entonces, así, estamos desarrollando la ampliación, por ejemplo, de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Santiago, Rancagua, Puerto Montt, Bío Bío y de Valdivia también, que son cárceles en las cuales tenemos posibilidades de terreno y es factible ampliarlas. Porque eso siempre genera menos dificultades para la gestión misma del sistema penitenciario. Además, es una cárcel que ya está y por lo mismo no es una nueva donde siempre nos genera una complicación con las comunidades. Luego tenemos proyectos de dos nuevas cárceles que están en proceso de licitación. Una es la nueva cárcel de Calama y la otra es la nueva cárcel de Copiapó, que la estamos situando fuera de las ciudades, ambas en pleno desierto y además nos va a servir para reemplazar cárceles que están en pleno centro de la ciudad. Esos son los proyectos que tenemos en desarrollo.

Y luego tenemos proyectos en evaluación que estamos ubicando terrenos que nos permitan, por ejemplo, construir la nueva cárcel de Temuco, de Chillán, que son proyectos que están en evaluación porque estamos terminando ubicar los lugares en los que los podríamos localizar.

—¿Cómo hacer para que gendarmes no caigan en delitos o corrupción? Se ha visto situaciones en que han sido detenidos intentando ingresar celulares e incluso droga. Entonces, ¿cómo se trabaja con Gendarmería para evitar que se afecte la seguridad en las cárceles por parte de los mismos funcionarios?

Es muy buena su pregunta porque fortalecer Gendarmería institucionalmente es clave. Para eso, nosotros ya hemos aprobado en el Congreso proyectos de ley que nos permiten fortalecer la institución. Entonces, por ejemplo, a través de nuevas facultades que le hemos entregado a Gendarmería de Chile, hemos creado las oficinas de Investigación Criminal al interior de la institución. Eso nos permite combatir también la corrupción al interior de Gendarmería y estas oficinas están en contacto con el Ministerio Público, y nos ha permitido desarrollar investigaciones en las que lamentablemente hay gendarmes que están involucrados en esas investigaciones (…) entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que estamos creando la Fuerza Especial de Máxima Seguridad al interior de Gendarmería, con un proyecto de ley que se está tramitando actualmente en el Congreso Nacional, en la comisión de Constitución del Senado. Y otro proyecto que es clave, que también estamos terminando de tramitar, va a obligar a que todos los funcionarios de Gendarmería de Chile presenten una declaración de intereses y patrimonio (…) va a ser la primera institución en la que todos los funcionarios se les va a hacer un seguimiento patrimonial y de intereses que es clave para proteger la institución de la corrupción.

—¿El grupo de máxima seguridad trabajaría con los internos también? Como para evitar armas hechizas al interior de las cárceles?

Nosotros hemos tenido un plan bien importante, que tiene distintas aristas para controlar los elementos prohibidos al interior de las cárceles, dentro de ellas, las armas. Hemos generado -desde el mes de agosto del año 2022- un plan de retiro permanente, constante. La seguridad penitenciaria es un trabajo de todos los días, a través de una fuerza especial de Gendarmería que retira y hace allanamiento en los establecimientos penales. Segundo, también hemos aumentado las capacidades de control al interior de las cárceles, dotándolas de mayores equipos tecnológicos para enfrentar esto. Y tercero, estamos en un trabajo con el Ministerio Público -que es muy significativo- para evitar cualquier tipo de corrupción al interior de la institución. Y para eso, el fiscal nacional (Ángel Valencia) ha dispuesto fiscales regionales a cargo de focos investigativos en las cárceles. Determinamos, primero, nueve establecimientos penales en los cuales hacer un zoom, junto con la Fiscalía Nacional, y hoy por hoy en todas las regiones hay un fiscal con foco en los establecimientos penitenciarios y eso nos ha permitido ir desbaratando bandas (…) tenemos muchas investigaciones en curso, por parte del Ministerio Público, que van a ir dando sus frutos prontamente.

Plan Nacional de Búsqueda, una política de Estado

—Recientemente, se conoció que están en la etapa de entregar carpetas con información a familiares de las víctimas de desaparición forzada. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles han sido los avances más significativos de esta política pública?

Ya hace dos años que está funcionando el Plan Nacional de Búsqueda, prácticamente dos años y en este tiempo se han realizado distintos tipos de acciones que han dado cuenta del avance que ha tenido (…) destaca que pudimos presentar la página web, que contiene dos insumos que son parte de los objetivos centrales del Plan Nacional de Búsqueda. Uno que es determinar las trayectorias de las personas que fueron detenidas desaparecidas. Entonces, para eso, en la página web se encuentra la primera nómina oficial del Estado de Chile, con el total de las personas detenidas desaparecidas, las 1.469 personas se encuentran en la nómina oficial que por primera vez el Estado de Chile publica. ¿Por qué digo por primera vez? Porque antes se encontraban en nóminas, tanto en la Comisión Rettig como en la Comisión Valech, pero no estaban unificadas, más las personas que también han sido determinadas como detenidas desaparecidas por sentencias judiciales (…) además hay un mapa de trayectoria, se puede ir a cada una de las personas que están en la nómina y ver el lugar donde fueron detenidas, los centros de detención y tortura por los que pasaron hasta que se les pierde el rastro. Lo segundo es que esta información también se ha entregado a los ministros y ministras en visita que llevan las causas para esclarecer el paradero y también las responsabilidades penales de las personas que cometieron estos graves delitos de violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Eso nos ha permitido dinamizar los procesos judiciales que se han llevado adelante (…) diligencias que se están desarrollando en distintos sitios de interés, donde se determinan dos cosas: una, si han habido ahí mayores hallazgos respecto a la posible determinación de trayectoria y paradero de las personas desaparecidas, o también si en esos lugares ya es posible, por así decir, terminar la búsqueda.

—Y recientemente se incorporó la Iglesia Católica.

La incorporación de la Iglesia Católica también es un paso muy importante para el Plan Nacional de Búsqueda. Se incorpora en el Comité de Seguimiento y Participación, en el que hay también representantes de las agrupaciones de familiares y ejecutados políticos sin entrega del cuerpo, donde hay también representantes del mundo académico. La incorporación de la Iglesia Católica tiene dos aspectos que, a nuestro juicio, son centrales. Primero, reconocer todo el trabajo que realizó en los años de la dictadura con el Comité Pro Paz, con la Vicaría de la Solidaridad, espacios en los que prestó cobijo, prestó todo su apoyo para los y las familiares que estaban buscando sus personas detenidas desaparecidas, pero también que le entregó la asistencia jurídica y la representación. Fue clave durante la dictadura militar en aquello (…) el trabajo del Plan de Búsqueda en primer momento recayó precisamente en los familiares, en la Iglesia Católica, en los abogados de Derechos Humanos y lamentablemente después de 50 años, porque a 50 años se firmó el decreto por parte del presidente Gabriel Boric, es el Estado es el que toma como principal obligación de su accionar, el buscar y determinar toda la verdad en materia de Derechos Humanos respecto a las graves violaciones durante la dictadura militar.

Y un segundo aspecto en que es clave la participación de la Iglesia tiene que ver con que permite dar cuenta de que este es un problema ético, un problema que tiene la conciencia moral de nuestro país y da cuenta de que esto es algo que transversalmente necesitamos realizar para dar una señal muy clara de que en una democracia los Derechos Humanos se tienen que respetar siempre, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, y que nada justifica los horrores que se cometieron durante la dictadura militar. Y en eso la Iglesia se pone también del lado del Plan de Búsqueda y la importancia que tiene en su objetivo de también afianzar la memoria y los Derechos Humanos para el futuro de nuestra democracia.

—En ese sentido, ¿cómo se acercan los lazos? Han existido reparos, de ambos lados, en el marco de proyectos como el del aborto. ¿Genera complicación?

No, para nada. Yo en su momento conversé con el cardenal (Fernando) Chomalí. Tal como usted dice, en algunos temas el gobierno y la Iglesia Católica no tienen la misma opinión, enhorabuena porque estamos en un país democrático, diverso, plural. Lo importante es que las discusiones se den con altura de miras, respetando la opinión del otro, se den tratando de confluir con la opinión del otro y el cardenal Chomalí cuando yo le planteé la posibilidad de que se incorporaran al Plan Nacional de Búsqueda, fue muy generoso, dijo que la Iglesia estaba precisamente con esta causa y designó al padre Thomas Schwartz para que los represente en el Comité de Seguimiento y Participación.

—Si bien es una política de Estado, ante un eventual triunfo de un candidato de oposición en la elección presidencial, ¿se podría echar pie atrás? ¿Hay estrategias para preservar el plan o que se extienda, independiente de quien gobierne?

Como usted lo dijo, esta es una política de Estado. Nosotros hemos tenido colaboración de las fuerzas que hay en el Congreso, con el presupuesto que requiere el Plan Nacional de Búsqueda en los dos años que ya lleva de ejecución. Yo no tengo ninguna duda de que sea quien sea quien gobierne, el Plan Nacional de Búsqueda va a continuar porque esto es algo que le debe el Estado a nuestra sociedad. El Estado hizo desaparecer a 1.469 personas, los agentes del Estado fueron los que torturaron y cometieron crímenes horrendos, los más graves que tiene nuestra legislación nacional, de los más graves que tiene también la legislación penal internacional.

Y por lo mismo, el Estado tiene que continuar con esta política con el objeto de dar una señal muy clara: en democracia no podemos permitir bajo ninguna circunstancia la violencia política. Y eso es algo que todas las fuerzas políticas que estamos actuando en el marco de esta Constitución, en el marco de nuestro sistema democrático, valoramos y buscamos preservar.

—¿Incluido alguien de extrema derecha? ¿Cree usted?

Yo creo que todos los candidatos valoran la importancia que tienen los Derechos Humanos y me parece que en eso nuestro país ha aprendido y tiene que aprender más todavía. Y por lo mismo, el Plan Nacional de Búsqueda es clave y yo espero que independiente de quien gane, tengamos todos muy claro que esto es una política que tiene que continuar porque una política de Estado.