Indignado se manifestó el jefe de la Bancada Republicana, Cristián Araya, ante lo que consideró un ultraje a la Bandera Nacional, en una muestra que se presenta en el Museo de Bellas Artes, por lo cual ofició a la ministra de Las Culturas, Carolina Arredondo.
Se trata de una muestra denominada “Janet Toro. Intimidad radical. Desbordamientos y gestos”, en la que, entre otras obras, se observan banderas chilenas “mutiladas”, es decir, con su estrella rota y otra con la estrella pintada de rojo.
En esa línea, el diputado Araya cuestionó la muestra en el Museo de Bellas Artes, acusando un “ultraje” de la bandera, cuestionando de paso el eventual uso de recursos públicos.
“¿Se usaron fondos públicos para esto? ¿Qué ha hecho el Gobierno frente a este ultraje?”, cuestionó el legislador republicano.
“No estamos hablando de arte, sino de una provocación ideológica financiada o albergada por el Estado. Mientras las familias chilenas exigen orden, respeto y patriotismo, desde el mismo Gobierno se avalan actos que buscan humillar nuestros símbolos. Aquí no hay censura. Hay respeto. Y la bandera no se toca. Sería verdaderamente rupturista que una de estas muestras seudoculturales consistiese en valorar los símbolos patrias, el orden o el progreso, sostuvo el legislador.
En el oficio enviado a la ministra Arredondo, el parlamentario recuerda que el emblema patrio está protegido por Ley y su intervención de manera dolosa se encuentra castigada en el artículo 6 letra b) de la Ley 12.927 de Seguridad del Estado, que sanciona a “los que ultrajaren públicamente la bandera, escudo, el nombre de la patria o el himno nacional”.
En esta línea, -añade el documento-, “los hechos descritos claramente constituyen un desprecio a nuestro emblema que ofende a nuestros ciudadanos y que debiera ser perseguido por la dirección jurídica del ministerio, máxime si la exposición se alberga en un edificio público como el Museo Bellas Artes”.
Finalmente, legislador solicitó a la secretaria de Estado conocer si la exposición cuenta con alguna fuente de financiamiento público, así como también que se le informe sobre los detalles de las “acciones legales, administrativas y penales, que se han tomado desde el ministerio para perseguir este ultraje”.
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