La Contraloría General de la República (CGR) inició una investigación especial para revisar la legalidad del ingreso de vuelos chárter con migrantes, particularmente desde Haití, bajo el argumento de “reunificación familiar”.
El organismo fiscalizador centrará su análisis en Migraciones, la PDI, la DGAC y otros servicios públicos involucrados.
“Este martes 15 de abril iniciamos una investigación especial en Migraciones, PDI, DGAC y otros servicios públicos, para revisar la legalidad del ingreso de vuelos con migrantes, bajo el argumento de reunificación familiar”, detalló la Contraloría.
El anuncio se produce un día después de que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, desdramatizara la llegada masiva de haitianos.
Cordero aseguró que los vuelos corresponden a personas con visa de reunificación familiar y que contaron con autorización formal. “Para que esos aviones hubiesen podido aterrizar, contaron con la autorización de la autoridad responsable en nuestro país”, declaró.
El senador independiente Karim Bianchi alertó sobre esta situación, denunciando un aumento inusual de vuelos chárter desde Haití en 2025. Según el parlamentario, este año ya se han registrado 12 aeronaves, con un promedio de 150 a 200 personas por vuelo. “Nadie sabe quién los financia“, cuestionó Bianchi, acusando opacidad en el proceso.
En tanto, diputado Rubén Oyarzo acusó al Gobierno de intentar “disfrazar de normalidad” la llegada masiva de haitianos, especialmente menores de edad. “Parece que quieren esconder la cabeza una vez más”, afirmó, señalando que no existen garantías sobre la veracidad de las reunificaciones familiares. “Nadie ha dado certeza de aquello”, insistió.
Desde el Ministerio de Seguridad, Cordero reiteró que los beneficiarios de estas visas son principalmente “niños, niñas y adolescentes cuyos padres tienen residencia definitiva en Chile”. Sin embargo, el secretario de Estado omitió entregar cifras concretas sobre la cantidad de haitianos ingresados en las últimas semanas.
Así las cosas, la Contraloría deberá determinar si las instituciones fiscalizadas actuaron dentro del marco legal o si existen vacíos que permitieron, eventualmente, ingresos irregulares.
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