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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El diputado Roberto Arroyo falló en su intento de impugnar la ley de reforma previsional ante el Tribunal Constitucional, pese a que tenía un plazo de cinco días para reunir las firmas necesarias, no logró el respaldo necesario. Según La Tercera, Arroyo argumentó que el proceso se tramitó a última hora y acusó falta de buena fe, mencionando que la semana distrital dificultó encontrar a los 38 diputados que podrían haber respaldado su ofensiva. El legislador sostenía que la normativa presentaba vicios de constitucionalidad y amenazaba los derechos de los trabajadores sobre sus fondos previsionales.

El diputado Roberto Arroyo falló en su intento de impugnar la ley de reforma previsional, que se aprobó el 29 de enero pasado en la Cámara Baja, ante el Tribunal Constitucional (TC).

Recordemos que el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) tenía un plazo de cinco días, los que comenzaron a correr una vez despachada la normativa desde el Congreso, para reunir las firmas necesarias.

No obstante, pese a su esfuerzo, no alcanzó el respaldo necesario para llegar el TC.

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Según consignó La Tercera, una vez finalizado el periodo disponible, Roberto Arroyo sostuvo que “el tramitar esta ley a última hora y ad portas de que salieran todos de vacaciones podría pensar que se actuó no de buena fe”.

Tras esto, el diputado expresó que por motivo de la semana distrital no pudo encontrar a los 38 diputados que votaron en contra de la ley en la Cámara de Diputadas y Diputados, quienes -de acuerdo aseguró- podrían haber entregado las rúbricas para respaldar su ofensiva.

“Si hubiera sido semana normal, el día lunes los habría encontrado en la sala haciendo que todos firmaran y cumplieran su compromiso”, expresó.

Por último, vale consignar que la ofensiva del legislador socialcristiano se sustentaba en que el proyecto no solo tiene vicios de constitucionalidad que ponen en duda su viabilidad legal, sino que además podría afectar directamente los derechos de los trabajadores sobre sus fondos previsionales.