En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y la defensa de la imputada, en contra de la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó este lunes, las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional de Paz Fuica Contreras, imputada por el Ministerio Público como autora de tres delitos de fraude al Fisco.
Los ilícitos habrían sido perpetrados en 2022, en el marco de los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Democracia Viva, según publica Diario de Antofagasta.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y la defensa de la imputada, en contra de la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplía Fuica Contreras, por considerar que dicha medida resulta desproporcionada.
“(…) considerando que la imputada no tiene condenas previas y que prestó declaración permitiendo acceso a medios de comunicación privados, y más allá de que lo alegue o no la defensa, permiten vislumbrar dos eventuales atenuantes, lo que sumado al hecho que siendo la participación imputada accesoria a la de aquellos que ya se encuentran en libertad, la medida que pesaba sobre la misma pasa a ser desproporcionada”, se indica.
En ese sentido, se agrega que esto último “justifica la decisión del juez a quo, compartiendo también esta Corte que atendida la gravedad del hecho y las características del mismo, se justifica la cautelar decretada por el Tribunal de Garantía”.
Por tanto, se resuelve que: “se confirma la resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva y decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional respecto de la imputada Paz Nickol Carol Andrea Fuica Contreras por el delito de fraude al Fisco y organismos del Estado”.
Según el ente persecutor, Fuica Contreras se concertó con los imputados Daniel Francisco Andrade Schwarze y Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, para suscribir tres convenios de manera irregular entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por Andrade Schwarze con el objetivo de intervenir en obras menores en asentamientos precarios.
Los convenios fueron suscritos entre octubre y diciembre de 2022, e implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $426.00.000.000.
