La Contraloría estimó que muchas de las fundaciones presentan giros "demasiado amplios". En ese sentido, el organismo advirtió que algunas ONG dicen estar dedicadas a "ayudar al prójimo". Además, el ente regulador objetó la "falta de claridad de los ítems de gastos".
Hasta la Contraloría arribaron esta jornada el diputado Jorge Alessandri (UDI), junto al diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, y la consejera constitucional de Evópoli, Gloria Hutt, tras el informe del ente contralor que declaró ilegales los convenios por $13 mil millones entre el Gobierno y fundaciones.
Recordemos que la Contraloría General de la República (CGR) declaró ilegales 29 de los 34 convenios entre el Estado y fundaciones, cuyas tomas de razón habían sido congeladas por el ente regulador el pasado 29 de junio. El informe del organismo detalla que se trata de acuerdos que fueron suscritos en 2023 y su monto total alcanzaría los $13 mil millones.
Se determinó que estos convenios no cumplen con las disposiciones legales ni con los estándares requeridos por Contraloría.
Lee también...
Miércoles 31 Diciembre, 1969 | 21:00
Así las cosas, en reunión por más de una hora con el contralor Jorge Bermúdez, los representantes de Chile Vamos expusieron que el financiamiento a fundaciones sigue teniendo “cabos sueltos”, por eso “hay mucho trabajo por delante”, dijo Gloria Hutt.
“Vamos a seguir hasta que esto se aclare completamente. Hay un trabajo integrado con el Ministerio Público. Quisimos despejar también las diferencias, las ausencias de regulación y potencial delito y dolo. Además de responsabilidades administrativas en distintos niveles. La ciudadanía merece saber exactamente qué es lo que ocurrió, quiénes son los responsables y dónde están los recursos. Y principalmente, cómo se va a reparar a las personas que no han recibido el beneficio de esos fondos“, agregó Hutt.
En tanto, el secretario general de RN, Diego Schalper, invitó al Gobierno a replicar las acciones que hizo la expresidenta Michelle Bachelet en mayo de 2015, cuando se destapó el caso Caval, cuando pidió la renuncia de todo el Gabinete.
“Estamos en presencia en casos de corrupción tremendamente graves. La presidenta Bachelet le pidió la renuncia a todo su gabinete, porque eso era lo proporcionado para terminar con el desfonde. Eso significa -para Boric- sacrificar quizás a alguno de sus amigos, pero el amiguismo no puede estar por sobre la estabilidad del país”, manifestó el legislador.
Mientras que el diputado Jorge Alessandri (UDI) llamó al Gobierno a terminar con las “formas y planificació para “robarle al Estado”. “Hay responsabilidad política. Esto es en 9 regiones, 13 mil millones de pesos retenidos, y otros 14 mil millones de pesos en investigación. ¿Cuándo se activa la responsabilidad política en La Moneda?”, se preguntó el parlamentario.
