El Ministerio de Justicia admitió un mal uso de la prisión preventiva y afirmó que el 40% de los casos termina con una condena sin privación de libertad.

El Gobierno, parlamentarios del oficialismo y la oposición siguen discrepando sobre el proyecto de ley que otorga un indulto a personas detenidas durante el estallido social y que, en muchos casos, continúan privadas de libertad.

La propuesta se encuentra cerca del lugar 70 de las prioridades de votación en la sala del Senado y la disputa se ha centrado en quién tiene la facultad para darle celeridad, si es el Ejecutivo el que debería ponerle urgencia o la mesa de la Cámara Alta.

Según explicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se constituyeron dos comisiones que trabajan en detectar fallas en los procesos judiciales y el retraso de algunas causas.

La autoridad dijo además que son conscientes de que la prisión preventiva no se utiliza debidamente como medida cautelar.

A esto se refirió la diputada y jefa de la bancada comunista, Karol Cariola, quien valoró las palabras del secretario de Estado y dijo que el Gobierno debe reconocer la existencia de presos políticos, además de dejar de oponerse al proyecto de indulto.

El senador de la UDI, José Miguel Durana, emplazó a la mesa de la corporación a acelerar la tramitación del proyecto y ponerlo en tabla, aunque dijo que la iniciativa debe ser rechazada.

El proyecto que se tramita en el Senado concede un indulto por razones humanitarias a quienes fueron arrestados entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, acusados de ciertos delitos, como tenencia ilegal de armamento bélico, incendio o uso de bombas molotov.