El Gobierno le pidió celeridad a la comisión de Constitución del Senado, en la tramitación del proyecto de ley que busca reformar el sistema de Justicia, con el objetivo de enfrentar los efectos de la pandemia una vez terminado el estado de catástrofe.

La iniciativa fue ingresada el pasado 2 de septiembre en el Congreso Nacional y solo ha logrado superar la valla de la aprobación en general por parte de la Sala del Senado y permanece en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

El proyecto, promovido por La Moneda, espera principalmente otorgar una mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo que se aproximará una vez terminado el estado de excepción constitucional.

En esa línea, busca limitar la presencia física de las personas y el flujo de ellas en los tribunales, con el fin de evitar la generación de contagios por coronavirus.

Así, se postula un régimen transitorio de 17 disposiciones, cuya duración será de un año a contar del fin del estado de excepción o de la publicación de la ley, además de un régimen permanente.

Pero revisemos lo primero, porque es lo que apremia a La Moneda, ya que el próximo 11 de diciembre vence el estado de catástrofe.

La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, pidió aumentar los plazos legales para la redacción de sentencias, con el objetivo de quitarle presión al sistema y destinar una mayor cantidad de jueces a distintas audiencias.

En ese ámbito -y en medio de los procesos telemáticos- señaló que de todas maneras el máximo tribunal ha logrado sortear con “éxito” el volumen de audiencias realizadas a distancia.

Asimismo, se refirió al tiempo límite que tienen las partes para avisar si asistirán de manera presencial o no a la audiencia, donde el proyecto propone que sea hasta antes de mediodía de la jornada. A juicio de la ministra Maggi, es un periodo muy corto para la coordinación.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, en tanto, recordó los trabajos que han venido realizado los equipos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, para avanzar rápidamente en la aprobación del texto.

Ante los llamados de celeridad que había esbozado La Moneda, el presidente de la comisión de Constitución, Alfonso De Urresti, afirmó entender la urgencia, aunque dijo que revisarán con detención cada una de las indicaciones.

El que también ha entrado al debate es el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien valoró las iniciativas de carácter transitorias y permanentes presentadas y pidió directamente una rápida revisión del texto, por los problemas que se podrían presentar una vez terminado el estado de catástrofe.

Cabe resaltar y reiterar que el proyecto abarca tres ámbitos distintos de innovación: un régimen permanente, en que se modifican reglas procesales de toda índole, como también se regula la utilización de vías remotas; otro régimen permanente, que faculta a los tribunales superiores a disponer de manera excepcional la realización de ciertas audiencias y de alegatos por vía remota, por razones de buen servicio; y un régimen transitorio, que impone a los tribunales la realización de audiencias vía remota por videoconferencia.