La Contraloría General de la República ofició a la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para conocer las medidas adoptadas en torno a la ciberseguridad.
Lo anterior, tras conocerse que los servidores de esa repartición, donde se administran las Claves Únicas, habrían sufrido una vulneración por parte de hackers.
No obstante, desde el organismo aclararon, a través de un comunicado, que no existe claridad de que el hackeo que sufrieron sus servidores el jueves haya dejado expuestos datos relacionados al uso de la Clave Única.
El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, señaló que se iniciará un proceso de actualización de las Claves Únicas, haciendo un llamado a la tranquilidad ya que no hay evidencia de los hackers hayan logrado tener acceso a esos datos.
“No hay certeza de que se pueda obtener todas las Claves Únicas y llevármelas para obtener información en esa materia. Lo que hay es el -potencialmente- obtener y avanzar e introducirse en un sistema encriptado, que eventualmente -después de un trabajo arduo- podría llevar (…) a descifrar alguna Clave Única”, indicó la autoridad.
Especialistas dan tranquilidad
Consultados al respecto, los expertos en ciberseguridad, pese a que no le quitan gravedad a lo sucedido, se alinean de cierta manera con lo mencionado por el Gobierno; es decir, que es muy pronto para determinar la magnitud y si se pudieron obtener las claves.
En conversación con La Radio, el docente del Centro del Ciberseguridad de la Universidad Mayor, Pedro Huichalaf, explica cuál es el principal problema que se podría generar con este ataque cibernético.
En palabras de Huichalaf, los datos obtenidos se podrían utilizar para replicar las páginas oficiales del Gobierno para efectivamente obtener información más confidencial.
“No es que esté la base de datos con toda las claves comprometidas, pero sí el entorno y hay desarrollo de aplicaciones y ahí es donde está el posible problema, porque alguien podría crear un portal falso -como muchas veces hacen phishing- es decir, hacen una página similar a una institución pública y así tratar de captar información”, remarcó.
En opinión del gerente general de Alarm Group Chile, empresa dedicada a la seguridad cibernética, Juan Lopizic, el Estado en Chile ha ido adoptando medidas para enfrentar estos problemas, sin embargo, la situación es compleja ya que el desarrollo informático avanza a gran velocidad.
“Yo creo que hay que cambiar la consciencia de la seguridad en el país”, aseguró el experto.
Parlamentarios piden mejoras en la materia
Desde el Congreso también hubo reacciones, el senador del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Felipe Harboe, le solicitó al Gobierno precisar la magnitud de este ataque cibernético.
“Es bien bochornosa la situación (…) Lo más importante ahora es cómo le garantizamos a la gente que estas Claves Únicas no van a ser mal utilizadas”, aseveró el parlamentario.
El senador también menciona que el Gobierno debería colocarle discusión inmediata al proyecto de protección de datos personales, actualmente en la comisión de Constitución de la Cámara Alta, el cual aumentaría los estándares en materia de ciberseguridad.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, instó al Gobierno a “realizar un trabajo serio para mejorar la ciberseguridad de nuestras instituciones”.
“Espero que el Gobierno le tome el peso a esta situación y se trabaje de forma seria en mejorar la ciberseguridad de nuestras instituciones, invirtiendo en las distintas tecnologías disponibles para brindar usuarios una seguridad del más alto nivel”, señaló.
En la misma línea, desde la Bancada por la Ciberseguridad, el senador Kenneth Pugh Olavarría, realizó un llamado a cambiar la Clave Única y también, a reforzar las medidas preventivas para evitar estas situaciones.
“La Ciberseguridad no es un problema técnico. Un país del siglo XXI no puede funcionar sin ciberseguridad. Nuestra dependencia de los sistemas digitales es de tal magnitud y profundidad que si no entendemos los alcances de nuestras vulnerabilidades corremos el riesgo de desbaratar gravemente nuestra forma de vida”, afirmó.
“Necesitamos con urgencia desarrollar y entrenar una masa crítica de personas con conocimientos adecuados, de tal manera de prevenir y reaccionar ante ataques cibernéticos”, sentenció el parlamentario.
Actualmente la investigación por el presunto sabotaje informático sufrido por la Divisón de Gobierno Digital está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, desde donde ya encargaron diligencias a la PDI.
