Dentro de los pocos anuncios concretos que realizó el presidente Sebastián Piñera el martes, estuvo la presentación de nuevas querellas bajo la Ley de Seguridad del Estado, luego del paro nacional que fue catalogado por las autoridades como uno de los días más violentos desde que comenzaron las protestas.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, detalló las acciones judiciales, explicando que el Ministerio del Interior presentó 91 querellas, de las cuales 78 son por Ley de Seguridad del Estado.

Ubilla explicó que se presentaron 13 querellas por incendios, dado el daño de infraestructura tanto pública como privada. Estas acciones marcan un giro en la estrategia del Ejecutivo, ya que en un principio se esperó a tener a las personas identificadas para comenzar los juicios pertinentes.

Ahora, en cambio, las querellas están presentadas contra todos aquellos que resulten responsables, lo que según Ubilla le abre la puerta al fiscal de turno para que solicite diligencias específicas, con el fin de tener un mayor éxito.

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha informado de al menos seis personas que han sido detenidas durante el estallido social, sospechosas de haber iniciado incendios durante los incidentes.

La cifra se divide en dos detenidos en Curicó, a los que se les atribuye directa participación en el incendio de 2 plazas de peajes en esa comuna y en las lesiones graves que se le causaron a uno de los cajeros de esos recintos.

Otros dos han sido detenidos por los incendios en las estaciones del Metro de Santiago, en el inicio del estallido social. Además se suma el joven aprehendido a raíz del incendio ocurrido la tarde del viernes en la sede de la Universidad Pedro de Valdivia en Providencia.

Por último, también se contabiliza al hombre acusado de participar en el incendio de la Gobernación de Concepción ocurrido la tarde de este martes.

En todos estos casos, los detenidos pueden ser acusados del delito de incendio, cuya pena varía dependiendo si hubo o no dolo, es decir, intención.

Según el Artículo 476 del Código Penal, el castigo será de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Esto significa que el juez podría aplicar una pena que parte en los 5 años y un día hasta los 20 años. Incluso, dependiendo de los agravantes, podría llegar al presidio perpetuo.

Pero dado que el Gobierno la Ley de Seguridad Interior del Estado, los detenidos arriesgan duras penas que podrían llegar incluso hasta los 10 años de cárcel.