Poco antes de las 11:00 horas de este viernes terminó la audiencia que pidió la Fiscalía para reformalizar al exgeneral director de Carabineros, Eduardo Gordon, por el delito de malversación de causales públicos.
Lo anterior, específicamente, debido al presunto desvío de cerca de $70 millones desde las arcas institucionales para la compra de regalos y artículos personales, arista llamada “gastos de representación” en el marco del mega fraude al interior de Carabineros.
En concreto, la nueva imputación de cargos se realizó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, para la cual el otrora uniformado llegó al Centro de Justicia en compañía de su abogado, y en completo silencio, cerca de las 08:50 horas.
En la misma instancia se reformalizó al exjefe del Departamento de Relaciones Públicas de la policía uniformada, Jorge Serrano Espinoza.
“Los hechos antes mencionados constituyen el delito de malversación de caudales públicos”, aseveró Campos, quien vinculó a ambos como autores del ilícito.
En la misma audiencia se autorizó la ampliación del plazo de investigación en cinco meses para la realización de nuevas diligencias.
Allí también iba a ser formalizada por primera vez la mayor Marcela Cuevas Muñoz, a quien se sindica como la persona que estaba a cargo de la compra de los presentes.
No obstante, debido a un problema de salud, su abogado informó que la oficial no pudo comparecer ante la justicia, por lo que se fijó como nueva fecha el 18 de octubre, a las 09:00 horas.
De no acudir a esa audiencia, se podría emitir una orden de detención en su contra e incluso podría quedar con medidas cautelares.
Compras
Según acusó el fiscal a cargo de la indagación, Eugenio Campos, las atenciones realizadas nunca fueron entregadas a las decenas de personas a las que se estableció que recibirían los obsequios por motivo de celebraciones, aniversarios, donaciones y festividades enmarcadas en los gastos de representación.
En esa línea, el persecutor aseguró que Serrano, previo acuerdo con Gordon, le pedía a Cuevas que adquiriera productos en tiendas del retail y de orfebres.
Tras ello, Campos aseveró que los pagos se autorizaban con cargo a la institución, aunque la recepción de estas era falsamente certificada.
En aquella lista, Campos mencionó a los titulares de diversas entidades públicas y privadas e incluso a Don Francisco, la Teletón y el Hogar de Cristo.
“Para que el pago se hiciera efectivo, los tres generaban constancia escrita, que ambos firmaban, y que las especies adquiridas en boletas o facturas habían sido entregadas o recibidas por determinada persona o institución conforme a los solicitado por el Alto Mando”, dijo Campos.
Tras ello, el perseguidor recordó la auditoría que llevó a cabo la Contraloría en 2011 y el depósito de $21 millones de Serrano a una cuenta institucional, dinero que habría obtenido de manera irregular contraviniendo reglamentos del Departamento de Bienestar.
Junto con ello, Campos sostuvo que Gordon le habría devuelto tal monto a Serrano a través de un vale vista.
Con todo, el fiscal volvió a cifrar en casi $70 millones el total malversado en este hecho.
Dentro de la lista atenciones brindadas o regalos que fueron certificados falsamente en este caso, Campos mencionó diez lavadoras secadoras que luego se cambiaron por 200 hornos eléctricos, muebles, zapatos, trajes, carteras, juegos de sábanas, sillas nido, frazadas, juegos de baño, calienta camas, poleras, lápices, sandwicheras, pantalones, una olla a presión, figuras de Carabineros con grabados, una placa de madera, 156 botellas de vino, un collar de perlas y perfumes, entre otros.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
