Confusas señales en materia de medio ambiente entregó este martes el Gobierno, en la voz de su ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
La secretaria de Estado anunció que el Ejecutivo patrocinará un proyecto de ley que establece la figura del delito ambiental en la legislación chilena, pero, sin entregar detalles, aseguró luego que no se firmará el Acuerdo de Escazú ante las Naciones Unidas.
Hace años que en el Congreso duermen varias iniciativas que buscan crear la figura del delito ambiental. Esta tipificación espera por ser incorporada al Código Penal, pero ni el primer proyecto ni el segundo, presentado hace más de 10 años parlamentarios, ha sido respaldado por los distintos gobiernos.
Bajo esa consideración, y por la presión que ejerce la situación ambiental que se vive en Quintero y Puchuncaví -pero también en Antofagasta, Isla Riesco y otros-, es que hoy nuevamente el tema es objeto de discusión entre diferentes sectores políticos.
Negativa sistemática
El senador Guido Girardi, uno de los precursores de este proyecto, aseguró que si la figura ya existiese habrían varias autoridades políticas y también varios empresarios que estarían encarcelados sólo por lo que acontece en Quintero y Ventanas.
“Ha habido una negativa sistemática de todos los gobiernos a que en Chile exista una ley de delito ambiental”, acusó.
Pero tras un llamado transversal a que el Gobierno apoye de una vez la creación de la figura del delito ambiental, la administración de Sebastián Piñera reaccionó.
La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado efectuada este martes, anunció que el Gobierno patrocinará la creación del delito en un tercer proyecto contemplado en una nueva presentación que hicieron parlamentarios.
Este compromiso de la ministra fue confirmado por el senador UDI David Sandoval, quien aseguró que Schmidt “se ha comprometido a patrocinar esta iniciativa (…) incorporar penalmente el delito ambiental en la nueva reforma del código (penal).”
Contradicción instantánea
Esta buena noticia fue opacada de inmediato por un segundo anuncio de la ministra, que ratificó de forma ambigua ante los medios.
Carolina Schmidt informó que Chile no firmará en las Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú, iniciativa multilateral que obliga a los estados a dar carácter vinculante a las consultas ciudadanas que se desarrollen antes del inicio de proyectos que tengan impacto ambiental.
Durante el Gobierno de Michelle Bachelet, Chile había sido unos de los principales impulsores de este tratado. Incluso, recién en junio del presente año, la administración Piñera, en voz de su ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado donde “reafirman su compromiso con la firma y pronta entrada en vigor de este Acuerdo”.
En dicho texto, Chile además invitaba “a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos”.
A pesar de lo señalado, Carolina Schmidt dijo hoy que “es una decisión adoptada por Cancillería, por razones internacionales”, que no explicó. Con ello, la firma quedó suspendida hasta nuevo aviso.
Fuentes ligadas a la materia, aseguraron a Radio Bío Bío que incluso había una representante de la sociedad civil que viajó especialmente a Nueva York para participar de esta firma el próximo 27 de septiembre.
