El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, pidió al fiscal nacional, Jorge Abbott, que designe a un representante en la mesa intersectorial para enfrentar los episodios de violencia en los servicios de atención de salud.

Esta instancia se creó para hacer frente a casos como el de Hualqui, en la región del Bío Bío, donde un hombre armado mató a dos personas e hirió a una tercera; el de Coronel, donde desconocidos robaron una ambulancia; o lo ocurrido la madrugada del jueves en el SAPU Raúl Brañes de San Bernardo, donde funcionarios denunciaron que fueron víctimas de graves agresiones.

A partir de estos incidentes, hace cuatro meses se desarrolla una mesa entre el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El subsecretario Castillo realizó la solicitud para que el Ministerio Público pueda trabajar en primera línea en la creación de un marco normativo que permita otorgar más seguridad a los trabajadores de la salud.

Según las propias estimaciones del Gobierno, al menos una vez al mes se producen hechos graves en recintos de salud, desde agresiones verbales, golpes, hasta uso de armas en los centros de salud familiar, consultorios u hospitales.

Desde la Confusam valoraron la solicitud del Ejecutivo, como lo expresó su presidenta, Gabriela Flores, quien de todas formas lamentó que no fueran convocados al último encuentro.

Según explicó el propio subsecretario Castillo, Abbott habría manifestado acuerdo y disposición para incorporarse en esta mesa intersectorial.