A través de un comunicado, la Dirección de Presupuestos (Dipres) informó durante la tarde de este miércoles que la Contraloría General de la República (CGR) aprobó el polémico decreto que contempla medidas de contención del gasto en torno a los US$1.063 millones para 2018 y que busca enfrentar las presiones de financiamiento de sectores como Salud.
Nuevamente el Gobierno insistió en que el recorte consiste principalmente en un ajuste de gastos de soporte parejo que no afectan el funcionamiento de los servicios y que se debe a la menor inflación proyectada respecto a la asumida en la Ley de Presupuestos, una rebaja de los fondos de Libre Disponibilidad Presidencial y otras rebajas específicas.
Lo anterior, luego que el pasado 18 de junio el Ejecutivo optara por retirar de Contraloría el Decreto 651 que incluía los recortes, para “reasignar recursos desde otros subtítulos presupuestarios, pero manteniendo el monto global de la contención de gasto en la misma cifra de 1.100 millones de dólares”.
Semanas más tarde, el 10 de julio, la Dipres ingresó el documento con las correcciones anunciadas para que siguiera su camino administrativo y la CGR tomara razón de acuerdo a lo presupuestado.
En esta segunda ocasión, el Gobierno detalló que la reducción de gastos de soporte, que totalizan US$446,4 millones, se puede desglosar en categorías como Gastos en Personal, con US$73,93 millones, lo que corresponde a un 0,6% respecto del total aprobado en 2018. Los ajustes en este ítem corresponden principalmente a viáticos, horas extraordinarias y honorarios, sin afectar en ningún caso el componente de remuneraciones.
Asimismo, también hay bajas en los bienes y servicios de consumo, específicamente en componentes prescindibles como telefonía celular y fija, pasajes y fletes, publicidad y difusión, bodegaje, material de oficina, gastos de representación protocolo y ceremonial, con un descenso de US$317,05 millones.
En tanto, otra de las categorías corresponde a la adquisición de activos no financieros, tales como edificios, vehículos, equipos y programas computacionales, equivalentes a US$55,39 millones.
