Hasta el pasado 22 de diciembre de 2017, la abogada de la Fiscalía de Alta Complejidad, Mónica Palma y el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitúl no tenían mayor relación.
Fue justo ese día y en medio de la denominada Operación Huracán, cuando Palma fue sindicada por Carabineros como la culpable de filtrar información que llegó a manos de la CAM.
Fue justamente en el marco de dichas acusaciones cuando la abogada decidió querellarse en contra de la policía uniformada, ya que a su juicio, todas son falsas.
Su abogado, Sergio Díaz en conversación con El Austral de Temuco, confirmó que su defendida actualmente “cuenta con una medida de protección para velar por su seguridad conferida por el Ministerio Público“.
La acusación
Desde Carabineros se asegura que la abogada Palma entregaba información que obtenía del fiscal Arroyo a un efectivo de la Agencia de Inteligencia Nacional (ANI), quien sería el nexo entre ella y Llaitul.
Producto de dicha acusación, la profesional fue inmediatamente removida de sus funciones, al menos mientras dure la investigación.
Sergio Díaz, en conversación con Radio Bío Bío, confirmó que la querella presentada va contra quienes resulten responsables por los delitos de “denuncia calumniosa, falsificación de instrumento, violación de secreto, entre otras”.
Además detalló que la principal prueba es un WhatsApp enviado con los nombres de las personas que serían detenidas en la denominada Operación Huracán, “pero ese mensaje nunca fue enviado por mi representada, en ningún caso, ni a través de su teléfono celular”.
Gobierno se querelló
Tras la fallida Operación Huracán, diversas ramas investigativas son las que se desprendieron, siendo la más importante (al momento) la de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
Fue en ese contexto que la administración de Michelle Bachelet decidió interponer una querella contra quienes resulten responsables de dichos delitos, tomando así distancia de Carabineros y el Ministerio Público.
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Junto a ello, La Moneda criticó a los fiscales por la decisión de cerrar la causa madre. Por su parte, desde el Poder Judicial catalogaron la acción del Gobierno como “incomprensible”.
