A través de un breve comunicado en sus redes sociales, la PDI informó que su Brigada del Cibercrimen inició una investigación en conjunto con la Fiscalía Centro Norte por la divulgación de antecedentes reservados de más de 600 de sus funcionarios, situación que ha generado diversos puntos de vista.
Los mensajes difundidos a través de redes sociales contenían adjunto el documento con información sobre la destinación, antigüedad y área a la que pertenecen los funcionarios, acompañados de la amenaza de que se liberarían más datos.
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Baldo Prokurica, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, criticó los niveles de ciberseguridad en el país.
Sin embargo, y también a través de sus redes sociales, la PDI descartó que se tratara de un ataque informático y que sería una filtración de documentos antiguos que manejarían un reducido número de personas.
El experto en seguridad y exfuncionario de la institución, Trevor Oyarzún, cree que no se puede descartar la posibilidad de un hackeo, aunque aseguró que los niveles de seguridad de la policía civil son muy altos.
Por su parte, Francisco Leturia, miembro del Consejo para la Transparencia señaló la importancia de proteger los datos personales y aún más cuando se trata de personas vinculadas a labores policiales, de inteligencia o seguridad pública.
Desde el Consejo informaron que se pidieron los antecedentes y se solicitará que se extremen las medidas para proteger a los afectados y evitar nuevas filtraciones.
