La Moneda aún está evaluando la resolución de la Contraloría General de la República, que reprochó los millonarios contratos vía trato directo de la Presidencia. El organismo fiscalizador recomendó aplicar sanciones contra los funcionarios de gobierno involucrados.
Según un reportaje de Radio Bío Bío, la entidad investigó las relaciones entre los colaboradores de la jefa de Estado y las empresas proveedoras de servicios, luego del escándalo que se generó en el verano de 2016 cuando el entonces administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, fue cuestionado por su relación con proveedores del área de la salud.
Recordemos que el exmiembro del G-90, salió a la palestra a raíz del Caso Caval, y por haber autorizado el formateo del disco duro del computador que utilizaba el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, cuando era director sociocultural de La Moneda.
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Tras esto último, se inició una indagatoria por más de un año, donde se revisaron las boletas y facturas. Finalmente, la Contraloría logró determinar que hubo abuso en las contrataciones directas, como por ejemplo en la compra de flores para adornar el palacio gubernamental, que pasaron de 36 millones de pesos anuales durante la administración de Piñera, a 76 millones de pesos en 2014, cuando Bachelet retornó a La Moneda.
Pero además, se cuestiona la contratación de Gaviola y García Producciones de Cine y Tv Ltda., quien fue contratada para realizar un documental sobre la memoria presidencial, tras un correo electrónico de la jefa de Gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte.
El problema es que, aparte del trato directo, ni Gaviola ni su productora estaban inscritas en el registro de Chile Proveedores.
De acuerdo a los resultados del sumario, Bermúdez propuso al gobierno aplicarle a Cristián Riquelme, una multa del 50% de su sueldo mensual y la suspensión de un mes de su cargo. No obstante, dejó su puesto el 23 de febrero de 2016 por lo que la propuesta de sanción no puede aplicarse.
Sin embargo, otros funcionarios de la Dirección Administrativa de la Presidencia que aún se mantienen en funciones en el gobierno, podrían ser sancionados. Se trata de Óscar Sandoval, actual director de la repartición; Natalie Vilches, exjefa del departamento de Abastecimiento; y Germán Yovane, jefe del departamento Jurídico.
Aunque, debido a que el sumario no es vinculante, será la presidenta Michelle Bachelet y el propio Óscar Sandoval, quienes deben decidir si aceptan lo que recomienda la Contraloría o finalmente, si queda archivado.
Gobierno: aún no está afinado el sumario
Al respecto, el Gobierno respondió a Radio Bío Bío mediante un comunicado, en donde reconoció que la Contraloría recomendó una sanción a los funcionarios involucrados.
Pero, asegura que “dicho sumario no se encuentra afinado, en tanto aún es objeto de evaluación y no se ha emitido decisión final”.
“Respecto al gasto en flores que se alude, es pertinente declarar que el contrato inicial con la proveedora fue celebrado durante la administración del expresidente Piñera y esta administración, atendida la buena calidad del servicio, optó por renovarlo”, indica el texto.
Sin embargo, no se explica la razón del significativo aumento de 36 millones a más de 76 millones de pesos.
Por último, respecto de la polémica contratación de la Gaviola y García Producciones de Cine y Tv Ltda., el comunicado indica que se decidió contratar sus servicios debido a la “probada competencia histórica de la profesional”.
