Generales del alto mando de Carabineros habrían sido requeridos para alzar su secreto bancario y entregar antecedentes al Ministerio Público en el marco de las pesquisas por el uso ilegal de gastos reservados, arista del denominado caso “Pacogate”.
Así lo confirmaron a Radio Bío Bío fuentes cercanas a la investigación que además contempló una planilla con 17 consultas y solicitudes que los funcionarios debían llenar con información de, a lo menos, 10 años atrás.
Entre las solicitudes se encontraba, por ejemplo, la identificación del general en ejercicio, su correo electrónico y el alzamiento del secreto bancario, solicitud que habría sido rechazada, dado que los requeridos no estaban de acuerdo con la forma ya que podría “infringir normas legales e incluso constitucionales”.
En tanto, en el marco del fraude en Carabineros, se sumaron las solicitudes de los imputados para revisar la carpeta investigativa al interior del centro de reclusión Pudahuel Norte, a fin de conocer las declaraciones que los inculpan en la causa y fijar estrategias para sus defensas.
Jaqueline Stubing, abogada del exmayor de Carabineros e imputado del caso, Nelson Valenzuela, dijo que utilizan las horas de visita para revisar el expediente y que podrían replicar la solicitud del computado, Flavio Echeverría, quien ya ingresó una cautela de garantía.
La audiencia para discutir el acceso a la carpeta solicitado por Echeverría se fijó para el 13 de septiembre, medida a la que no se opondría el fiscal Jefe de Magallanes, Eugenio Campos.
Todo esto ocurre en el centro de reclusión Pudahuel Norte, recinto que no está en condiciones de albergar más imputados por lo que en la comisaría de Lo Espejo se habilitó un nuevo lugar para formalizados en el caso del fraude.
La abogada de cuatro formalizados en el caso, Bárbara Salinas, dijo que la ley cautela a funcionarios de Carabineros, para que no cumplan su reclusión en penales públicos.
Mientras el Consejo de Defensa del Estado pidió aumentar la cautelar del imputado Juan Moraga, por el incumplimiento del arresto domiciliario decretado en su contra, el cual se había fijado en Viña del Mar.
