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Sheikh Hasina, figura central de la política de Bangladesh, fue condenada a pena de muerte por crímenes de lesa humanidad durante la represión de protestas en agosto de 2024. El Tribunal Internacional de Crímenes la encontró responsable de incitar violencia y uso de armas letales contra manifestantes. Hasina, en exilio en la India, lideró el país por tres mandatos desde 2008. Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, encabeza el Gobierno interino.
Sheikh Hasina, figura central de la política de Bangladesh en el último medio siglo, fue condenada este lunes a pena de muerte por un tribunal del país, que la halló culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas que forzaron su dimisión y huida en agosto de 2024.
El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh (ICT, por sus siglas en inglés) condenó este lunes a pena de muerte a Hasina y la consideró responsable de incitar a la violencia y ordenar el uso de armas letales contra jóvenes que denunciaban abusos de las fuerzas de seguridad, corrupción y represión política.
La ONU estimó en febrero de 2025 que unas 1.500 personas murieron durante la denominada “Revolución de julio”.
Hasina, de 78 años e hija del ‘padre fundador’ de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, permanece en el exilio en la India desde que abandonó precipitadamente el cargo de primera ministra.
Se desconoce su paradero exacto en la India y sus apariciones públicas se limitan a actos de partidarios de los que sólo trascienden algunos episodios en las redes sociales, y a entrevistas a medios de comunicación indios.
Uno de sus más firmes opositores durante sus años de gobierno, el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, lidera actualmente el Gobierno interino de Bangladesh, que celebrará elecciones generales y un referéndum constitucional en febrero del próximo año.
En los últimos comicios en este país asiático en enero de 2024, la Liga Awami de Hasina se hizo con 223 de los 299 escaños en juego, si bien la oposición había boicoteado las elecciones no presentándose.
Finalmente, las protestas de julio 2024, iniciadas de forma pacífica por estudiantes universitarios contra un polémico sistema de cuotas de empleo público destinado a familiares de excombatientes en la guerra civil de 1971, pero que pronto fueron reprimidas por las fuerzas comandadas por Hasina, acabaron con el liderazgo de la exmandataria tras tres mandatos seguidos en el poder desde 2008.
Hasina ya había gobernado por primera vez entre 1996 y 2001.
La trayectoria de la exprimera ministra estuvo marcada inicialmente por el asesinato de su padre en 1975 durante un golpe de Estado en el que fue eliminada buena parte de su familia.
Hasina se convirtió entonces en la heredera del fuerte capital político de su padre, protagonista en la guerra independencia de Bangladesh frente a Pakistán, en la que también participó la ex primera ministra.
La exmandataria, entonces exiliada, forjó una red de seguidores desde su exilio en Nueva Delhi.
Volvió a Bangladesh en 1981, cuando se alió con la que, a la postre, sería su gran rival política, Khaleda Zia, primera ministra entre 1991 y 1996 y entre 2001 y 2006 y dirigente del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP, por sus siglas en inglés), que permaneció bajo arresto domiciliario desde 2017, cuando fue condenada por corrupción, hasta la salida de Hasina del poder.
Hasina y Zia instigaron juntas en 1990 una revuelta popular que destronó al dictador militar Mohamed Ershad.
A partir de ese momento, ‘las dos begums’ -término usado en la región para referirse a una mujer musulmana de alto rango- se alternaron en el poder hasta que, en el año 2008, Hasina aumentó su cuota de poder.
En el plano político, Hasina renegó de Zia, llegando a tildar al BNP de “terrorista”.
En la balanza económica, los años de Hasina como primera ministra coincidieron con un relanzamiento económico de Bangladesh, marcado por la reducción de la pobreza, que rondaba el 12% en 2010 y decreció hasta el 5% en 2022, según el Banco Mundial.
La exprimera ministra fue reconocida en el ámbito internacional por su decisión de dar refugio a más de un millón de rohinyás (minoría musulmana que Birmania no reconoce), incluyendo unos 774.000 que huyeron en 2017 de una ofensiva del Ejército birmano investigada por la ONU por constituir un posible genocidio.
Sin embargo, sus críticos le acusaron en numerosas ocasiones tendencias autoritarias, graves abusos de los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzosas.
