El gobierno japonés aprobó este viernes dos proyectos de ley para reforzar la eficacia de las medidas restrictivas contra el nuevo coronavirus.
Después de meses de medidas no obligatorias para luchar contra la COVID 19, anunciaron sanciones, y hasta un año de cárcel para quienes se nieguen a ser hospitalizados o aislarse pese a estar contagiados.
También prevén multas de hasta 500.000 yenes (casi 4.000 euros, 4.800 dólares) para los bares y restaurantes que se nieguen a cerrar a las 20:00 horas, como se aconseja actualmente.
Los proyectos fueron aprobados este viernes 22 de enero por el gabinete del primer ministro Yoshihide Suga y deberán ser deliberados en el Parlamento a partir de la próxima semana.
Hasta ahora, el gobierno japonés se ha visto imposibilitado de imponer medidas vinculantes para hacer cumplir las recomendaciones de quedarse en casa, cerrar bares y restaurantes a ciertas horas y obligar a aislarse, debido a que la Constitución protege la libertad de movimiento de los ciudadanos.
La ley propuesta terminaría esos derechos y podría quedar instalada una vez terminada la pandemia, advierten los partidos de oposición que consideran las medidas excesivas.
La gobernadora de Tokio, donde se registra el mayor número de contagios de todo Japón, con casi 92 mil casos, apoyó las nuevas medidas y aseguró que ayudarán a frenar la pandemia.
En menos de dos meses Tokio deberá anunciar si celebra o no los Juegos Olímpicos previstos para julio, y este viernes circularon en los medios japoneses rumores de que la cancelación del magno evento deportivo ya está en la agenda del gobierno.
Tokio está bajo Estado de Emergencia hasta el 7 de febrero, pero al caminar por sus calles es difícil afirmar que el vértigo habitual de esta urbe de 14 millones de habitantes ha mermado.
Japón se ha librado relativamente de la pandemia en comparación con muchos otros países, con unos 4.700 muertos registradas en un año, pero desde noviembre sufre una ola de infecciones que, según los especialistas, amenaza con sobrecargar los hospitales.
Los hospitales privados pueden actualmente rechazar a los pacientes con coronavirus, pero el nuevo proyecto de ley permitiría a las autoridades locales aumentar la presión sobre ellos publicando sus nombres.
