Durante este jueves se informó sobre la detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por presuntos vínculos con el narcotráfico en el país altiplánico. Mariaca encabezaba la investigación contra el argentino Fernando Cerimedo, por intento de femicidio contra su pareja.
Las alarmas se habían prendido luego que el Departamento de Estado de EEUU pusieron a Mariaca en una lista de funcionarios sancionados en Bolivia, también por temas relacionados al narco.
Detención de Roger Mariaca
De hecho, antes de concretar la detención, el ministro de defensa Ernesto Justiniano Urenda había sostenido que no se podía descartar una extradición hacia el país del norte del continente.
Según el medio local El Deber, el abogado está acusado de dos cargos en su país, por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas de la Ley 1008.
En estricto rigor, esta ley mantiene las bases sobre control de sustancias como hoja de coca, cocaína, cannabis, heroína, LSD, MDMA; además de sancionar delitos como fabricación, tráfico, transporte y suministro.
Por lo pronto, desde el gobierno en Bolivia sostienen que investigarán “a fondo” los presuntos vínculos que Mariaca tendría con el narco uruguayo Sebastián Marset, extradita a EEUU en marzo de este año, luego de su detención en Santa Cruz de la Sierra.
“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país”, dijo a los medios bolivianos el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.
“¿Por qué ha sido detenido Mariaca bajo una acción directa de la Policía Boliviana? Porque el delito que han cometido de esta narcoestructura en la Fiscalía ha sido continuo y permanente. Era una organización criminal que protegía participaba y se enriquecía con el tráfico de sustancias controladas”, afirmó.
Según el medio France 24, citado al gobierno estadounidense, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.
El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.
La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.
“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.
“Estoy arrestada”, dijo más tarde Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (…), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó.
La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.
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