Durante el pasado lunes se conoció que EEUU revocó visas a una serie de funcionarios de países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En este último, las sanciones alcanzaron al fiscal nacional Roger Mariaca, por presuntos vínculos con el narco.
De acuerdo a lo que expuso el Departamento de Estado, la nación norteamericana acusa a Mariaca de cargos como aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
“Mariaca, elegido en 2024 para un término de seis años como fiscal general durante el gobierno del presidente de extrema izquierda Luis Arce, y quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, sostuvieron.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al mismo tiempo que socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia, que como participante del Escudo, trabaja para fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos”, añadieron.
Lo cierto es que el fiscal tiene un mandato que expira recién en 2030, en medio de fuertes tensiones que ha tenido con el gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien mantiene un alineamiento con Washington.
Esto se ha visto reflejado en un tema clave: Mariaca lidera la investigación penal contra el argentino Fernando Cerimedo, acusado de intento de femicidio en Bolivia. Cerimedo era, hasta ese entonces, asesor directo de Paz.
De hecho, en una declaración leída el martes, luego de conocer las sanciones, el abogado instó a que se respete la independencia judicial en su país. Esto sin mencionar directamente la investigación contra Cerimedo.
“Podemos tener diferencias, podemos ser críticos, podemos expresar desacuerdos, eso forma parte de las relaciones entre Estados democráticos. Pero una cosa es expresar una posición y otra muy distinta es pretender condicionar, interferir o afectar el trabajo de una institución soberana, como lo es el Ministerio Público”, sostuvo.
“Si cumplir con mi deber, defender la independencia de nuestras instituciones y sostener ahora la soberanía de Bolivia significa enfrentar presiones o represalias, asumiré esa responsabilidad porque la función pública no puede estar condicionada por el temor”, agregó.
No obstante, el paso de Mariaca por la Fiscalía boliviana no ha estado exento de polémicas, entre ellas la acusación de haber tenido un acercamiento con el líder narco Sebastián Marset.
De acuerdo a lo que sostiene Infobae, el abogado investigó a Marset cuando era fiscal departamental de Santa Cruz, hacia el año 2023.
La tensión escaló hacia marzo de 2026, cuando el prófugo uruguayo fue capturado por la policía en la ciudad antes mencionada. En ese entonces, Fiscalía de Bolivia aseguró que el procedimiento se había realizado sin una orden judicial previa.
Semanas después, la acusación de una periodista llamada Amalia Pando generó aún más escándalo, al asegurar que Mariaca se había reunido a solas con Marset, 10 días antes de que fuera extraditado a Estados Unidos.
Esto último fue negado de forma categórica por la Fiscalía General, que exigió a la comunicadora que entregara pruebas sobre sus declaraciones.
“Ante la gravedad de esta afirmación que afecta el honor de una autoridad y por responsabilidad con la opinión pública, la Fiscalía General solicita a la periodista presentar las pruebas que respalden lo manifestado”, sostuvieron.
Por lo pronto, el actual gobierno de Bolivia sostiene que incluso podría haber una orden de extradición contra el fiscal, de parte de EEUU. Al menos así lo indicó el ministro de defensa, Ernesto Justiniano Urenda.
“Sí, esto podría derivar en una investigación, en un avance judicial en caso de Estados Unidos y en una solicitud probablemente de extradición el día de mañana, pero eso corresponde a un ámbito que no es nuestro y serán las autoridades de Estados Unidos las que responderán al respecto”, aseveró.
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