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El Congreso de la República del Perú, envuelto en cuestionamientos por su legitimidad y escándalos, generó controversia al prohibir el uso de minifaldas a sus trabajadoras, argumentando que es para proteger la imagen institucional. Esta medida se da en medio de la investigación del asesinato de Andrea Vidal Gómez, excolaboradora del Legislativo vinculada a una red de prostitución interna. La prohibición ha sido defendida como una forma de mantener la formalidad, pero críticos la ven como un intento de desviar la atención de los problemas reales, como abusos sexuales y falta de transparencia. Las revelaciones sobre el crimen de Andrea indican un ataque dirigido hacia ella, mientras las autoridades investigan conexiones con una presunta red y cuestionan a figuras clave en el Congreso. El caso ha minado la confianza pública en la institución, reflejada en una baja aprobación del 6%, evidenciando la necesidad de abordar las crisis éticas y morales de manera directa en lugar de recurrir a medidas distractivas.
El asesinato de la abogada de 28 años expuso una supuesta red de prostitución dentro del Parlamento de Perú, mientras medidas como la restricción al uso de minifaldas desatan críticas por desviar la atención del escándalo.
El Congreso de la República del Perú, bajo cuestionamientos por su legitimidad y marcado por escándalos, decidió prohibir recientemente a sus trabajadoras el uso de minifaldas. Esta disposición interna, según se argumenta, busca cuidar la imagen institucional.
Sin embargo, en el trasfondo de esta polémica medida está el brutal asesinato de Andrea Vidal Gómez, una extrabajadora del Legislativo vinculada a una presunta red de prostitución operada al interior de la institución. El caso ya puso al Parlamento peruano en el centro del escrutinio público, mientras intenta sortear una crisis que parece profundizarse.
La controvertida prohibición de la minifalda ha sido defendida por algunos sectores como una medida para mantener la formalidad de sus empleados, aunque para otros es vista como un retroceso que distrae la atención de los graves escándalos.
Según declaraciones recogidas por RPP, el parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular, sostuvo que esta regla “es parte del cuidado que debe tener una institución pública con sus trabajadores”.
Pese a estas justificaciones, la medida ha recibido duras críticas. La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, comparó la normativa con restricciones propias de los años 50 y remarcó que “el problema no es cómo se visten las mujeres, sino cómo nos respetamos entre todos”.
El 9 de diciembre de 2024, Andrea Vidal, de 28 años, fue atacada en un taxi mientras se dirigía a su casa en el distrito limeño de La Victoria. El vehículo recibió más de 40 disparos, y el conductor, el ciudadano venezolano José Daniel Vargas Briceño, falleció en el lugar.
Andrea, gravemente herida, fue trasladada al hospital Dos de Mayo, donde murió una semana después. La escena dejó un rastro de violencia que se tradujo en investigaciones policiales y fiscales que, semanas después, revelaron un vínculo inesperado: el nombre de Vidal apareció relacionado con una supuesta red de prostitución al interior del Congreso peruano.
A los días, se supo que la abogada trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, bajo las órdenes de Jorge Torres Saravia, señalado como el presunto cabecilla de la red. Aunque él ya lo negó.
Según una fuente anónima citada por el programa televisivo Beto a Saber, Torres habría organizado encuentros entre mujeres reclutadas como asesoras y congresistas.
El caso comenzó a ganar tracción mediática cuando se conoció que Andrea habría sido despedida tras una discusión con su superior, lo que generó sospechas sobre posibles motivos para su asesinato.
Congreso Perú
Prohibiciones y distracciones
En medio de este contexto, la decisión de prohibir el uso de minifaldas, jeans y otras prendas consideradas “inapropiadas” ha sido interpretada por críticos como un intento de desviar la atención pública de los verdaderos problemas al interior del Congreso.
La medida fue anunciada poco después de que se publicaran denuncias relacionadas con casos de abuso sexual, prostitución y una supuesta falta de transparencia en la contratación de personal parlamentario.
Rocío Silva-Santisteban, excongresista y feminista, expresó en un artículo de opinión para Desinformémonos que esta decisión forma parte de un “patriarcado desenfrenado” en el Parlamento, donde las mujeres son sistemáticamente culpabilizadas mientras los responsables de los abusos quedan impunes.
La reacción de los críticos no se limitó a la prensa o a sectores políticos. Incluso el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL) emitió un pronunciamiento para señalar que las medidas adoptadas no abordan la vulnerabilidad estructural que enfrentan muchos empleados.
En el comunicado, destacaron la necesidad de establecer procesos de ingreso claros y transparentes para reducir los riesgos de “abuso y arbitrariedad”.
Nuevas revelaciones
A medida que avanzaron las investigaciones, los hallazgos en torno al asesinato de Andrea Vidal dejaron en claro que el caso no era un simple ataque fortuito. Según la División de Investigación de Homicidios, citada por La República, el asesinato fue un crimen por encargo.
Las pruebas balísticas revelaron que, aunque el taxista recibió más disparos, los sicarios también se aseguraron de atacar el asiento trasero, donde estaba Andrea. Además, se determinó que participaron al menos seis personas en motos y un vehículo, utilizando tres armas diferentes.
La figura de Rodrigo Falcón, pareja de Andrea, también fue puesta bajo la lupa por los investigadores.
Las autoridades policiales sospechan que Falcón habría colocado un chip en el teléfono de ella para rastrearla y habría realizado preguntas sospechosas sobre su ubicación tras el atentado.
Por otro lado, el semanario Hildebrandt en sus trece reportó que en los celulares de Andrea se encontraron mensajes de contenido sexual con varias personas, incluido un contacto extranjero de Colombia. También se reveló que antes del ataque, la abogada había preguntado a un interlocutor si iba a alquilar un Airbnb, en alusión a los lugares donde supuestamente se organizaban reuniones gestionadas por Torres Saravia.
La posición legislativa
El Congreso, en un intento por despegarse de las acusaciones, emitió un comunicado el 16 de enero de 2025 en el que aseguró que el ataque estaba dirigido al taxista y no a Andrea Vidal.
No obstante, esta versión fue cuestionada por la Fiscalía y por legisladores como Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien afirmó que Andrea “era el objetivo real” del ataque. También criticó al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, por su papel en la contratación de Torres Saravia, a quien señaló como figura clave en la presunta red de prostitución.
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue más allá al calificar el comunicado del Congreso como una posible inconducta funcional, argumentando que ninguna institución puede adelantar conclusiones mientras la investigación esté en curso. Además, enfatizó que corresponde únicamente al Ministerio Público esclarecer los hechos.
Forno y la imagen del Congreso
Pese a los cuestionamientos, la Mesa Directiva del Congreso decidió ratificar a Giovanni Forno como oficial mayor. Según declaraciones de la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, Forno cuenta con una amplia experiencia y no tiene acusaciones directas en su contra.
Sin embargo, bancadas de oposición advirtieron que su rol en la designación de Torres Saravia, y la falta de claridad sobre cómo obtuvo el puesto, son motivos suficientes para su destitución.
El caso de Andrea Vidal no solo ha expuesto un posible esquema de explotación sexual al interior del Legislativo, sino que también ha revelado fracturas en la confianza de la ciudadanía hacia el Parlamento. ´
Encuestas recientes del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reportan una aprobación del Congreso de apenas un 6%, lo que evidencia el impacto de estas polémicas en su imagen pública.
Mientras las investigaciones continúan, las medidas como la prohibición de la minifalda son percibidas como una cortina de humo que agrava, en lugar de resolver, las profundas crisis ética y moral del Congreso peruano.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
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dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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