El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reemplazó este jueves a 18 de los jefes de la Policía Federal brasileña, como parte de su proceso de renovación de los altos cargos en las fuerzas armadas y del orden.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, hizo oficial este jueves la sustitución de 26 de las 27 cúpulas regionales de la Policía de Carreteras Federal (PRF) y el cese de 18 jefes de la Policía Federal (PF), una decisión que no vendría motivada por los ataques del 8 de enero, sino que ya fue abordada en la etapa de transición del nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El único superintendente regional de la PRF que mantiene el cargo es el de Piauí, mientras que en lo que respecta a la PF son los de Río Grande del Norte, Mato Grosso del Sur, Rondonia, Santa Catarina, Goiás, Río de Janeiro, Sergipe, Pernambuco, Maranhao, Mato Grosso, Tocantins, Paraíba, Alagoas, Sao Paulo, Paraná, Pará, Amazonas y Minas Gerais, quienes salen.
El nuevo superintendente de la PF en Río de Janeiro es Leandro Almada, conocido por liderar una investigación que reveló trabas en el esclarecimiento del asesinato de la concejal Marielle Franco y la persona que viajaba con él, Anderson Gomes, destacan varios medios brasileños.
Junto a estos cambios en la Policía, el Gobierno de Lula vino también haciendo modificaciones en los gabinetes de seguridad encargados de custodiar las instalaciones del Palacio del Planato, sede de la Presidencia, y del de la Alvorada, la residencia oficial, en esta ocasión por la desconfianza en los altos mandos militares tras los ataques golpistas del pasado 8 de enero.
Ajustes en la cúpula militar
Lula también prescindió este miércoles de otros 13 militares que trabajaban en el gabinete de seguridad de la Presidencia de Brasil y que se suman a los 40 que apartó de la administración de la residencia oficial del mandatario.
El Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), responsable por la seguridad del jefe de Estado, anunció el cambio de personal en la edición de este miércoles del Diario Oficial, en medio del clima de desconfianza entre Lula y las Fuerzas Armadas por el asalto a las instituciones del 8 de enero pasado.
Los militares dispensados ocupaban diversas funciones en la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial, la División Administrativa y en las oficinas del GSI en Río de Janeiro, cuna política del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), investigado en la Corte Suprema por incitar a sus partidarios a atacar los poderes democráticos en Brasilia.
Este nuevo movimiento llega un día después de que el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia prescindiera de los servicios de otros 40 militares que trabajaban en la administración del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, en Brasilia.
