El país centroamericano celebrará elecciones locales, generales y presidenciales este domingo en un contexto muy tenso y polarizado, en el que han sido documentados ataques graves y distintas formas de violencia. Isabel Albaladejo Escribano, de la oficina en Honduras del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, describe las características de esta violencia y la criminalización de la protesta que empañan los comicios.
En Honduras hay una cita este domingo con las urnas para votar en unas elecciones presidenciales que tienen como favoritos al oficialista Nasry Asfura y a la opositora de izquierda, Xiomara Castro de Zelaya.
Los comicios se celebran en una coyuntura marcada por la crisis económica, la violencia y la corrupción, que empujan a la población a la emigrar.
En este contexto, desde la ONU se alertó esta semana sobre a la deterioración de la situación los derechos humanos.
Isabel Albaladejo Escribano, de la oficina en Honduras del Alto Comisionado de DDHH de la ONU detalló en estado en que votan los hondureños.
“Tenemos un contexto de violencia política preelectoral superior al de 2017, así como de otros países de la región”, explica.
“Desde el llamado a elecciones, en septiembre del año pasado, a la fecha, nuestra oficina ha registrado y documentado un total de 63 casos graves de violencia política de los cuales 29 constituyen muertes violentas”, agregó.
“Por ejemplo, entre éstas encontramos seis alcaldes y vicealcaldes, cuatro regidores. Entonces, si comparamos estas cifras con las del período preelectoral del año 2017, estamos hablando de una cifra tres veces superiores”, sentenció además.
“Son números muy superiores al de otros países de la región en la misma franja temporal, incluso superiores a México” subrayó Isabel Albaladejo Escribano.
Elecciones y violencia en Honduras
La violencia política escala, concentrándose particularmente en los activistas ecologistas, enfatiza el Alto Comisionado de DDHH de la ONU.
“A la fecha, nuestra oficina ha registrado un total de 240 ataques en lo que va de 2021 solamente”, señaló.
“La gran mayoría de estas personas son defensores y defensoras del medio ambiente y de la tierra. Es decir que existe una alta conflictividad y procesos de criminalización y ataques contra quienes defienden el medioambiente”, dice Albaladejo Escribano.
Paralelamente, denuncia la funcionaria de la ONU, el poder criminaliza la protesta y restringe las herramientas para poder poner en evidencia la corrupción que carcome Honduras.
“Un elemento muy importante fue la aprobación de una reforma legal que se traduce en la criminalización de la protesta social. A esto se suma el derecho a la protesta social y el derecho a la manifestación pacífica”, indicó.
Continuó diciendo que: “al mismo tiempo limitan o eliminan la posibilidades de investigación de los casos de corrupción en relación a lavado de activos”.
Es decir, se limita la posibilidad de investigación de los casos de corrupción, pero por otro lado se penaliza la protesta social, según señaló Albaladejo.
Esto, “a través de esta reforma legal que va a tener sin duda consecuencias en los días posteriores a las elecciones en caso de presentarse manifestaciones en el país”, anticipa.
