Fruto de meses de investigaciones, la justicia uruguaya puso al descubierto un vasto escándalo de explotación sexual de menores a través de internet en el que han identificado a 15 víctimas y se han imputado a 21 personas. Los explotadores, con un alto perfil social, utilizaban las redes sociales y la web para captar a sus víctimas.

La “Operación Océano” está en curso desde marzo y entre los imputados hay empresarios, exjueces, arquitectos, políticos y maestros, quienes según la fiscalía gracias a su posición social, ofrecían a las menores dinero, drogas, ropa o viajes en yate a cambio de sexo.

Los contactos se hacían por las redes sociales, donde las chicas dejaban claro que eran menores de edad. Se investiga también si la muerte de una joven que en primera instancia había sido atribuida a un suicidio, pudo ser un asesinato.

“Todo esto empieza por la captura de un celular en un caso de asesinato”, recuerda Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación sexual comercial y no comercial de la Niñez y la Adolescencia.

“Es la confirmación de varias hipótesis que veníamos siguiendo desde hace bastante tiempo desde nuestro trabajo de campo. Tiene que ver con el perfil de los explotadores, donde básicamente esta relación de desigualdad de poder se expresa en que entre ellos tenemos a gente con formación y clase media y alta. Son hombres mayores de 40 años”, sostuvo.

La explotación de menores, la mayor puesta en evidencia en la historia de Uruguay, tiene la particularidad del uso de internet.

“Hay un cambio de escenario, de enganche de las adolescentes que sucedía en el mundo real. Se traslada al mundo virtual de las tecnologías de la información y de la comunicación: básicamente celulares y plataformas que ofrecen encuentros y que facilita ese enganche del adolescente para pasar a ser una mercancía más en el mercado del sexo”, explica Purtscher.

Podrían haber más casos en Uruguay

La explotación infantil no es algo nuevo en Uruguay, apunta Luis Purtscher, agregando que las cifras oficiales no reflejan para nada la realidad porque muchos casos no se denuncian.

“Uruguay viene presentando una media de 300 casos al año, un número que va creciendo cada año de 50 a 60 casos. No es nueva para nosotros la explotación. La estamos denunciando y abordando desde distintos dispositivos y estamos generando una política pública para la prevención, el combate y para tratar de recuperar la calidad de sujeto de las adolescentes que pasan por este tipo de situación”, asegura.

La Operación Océano continúa y podría haber más detenciones e imputaciones en los próximos días.