La ONG Human Rights Watch denunció casos de abusos, muchos de ellos de carácter sexual, en reparticiones de ayuda alimentaria en Mozambique.
La horrible situación ocurre en una zona sacudida por una crisis humanitaria originada por una insurrección yihadista.
Funcionarios locales de la provincia de Cabo Delgado exigieron favores sexuales o dinero a cambio de alimentos de programas humanitarios.
Esto, según lo explicó Zenaida Machado, investigadora en HRW.
“Está muy extendido, es una práctica habitual”, lamentó.
Un representante de las autoridades locales aseguró que no tenía conocimiento de estos comportamientos.
Desde finales de 2017, grupos armados yihadistas imponen un régimen de terror en la provincia de Cabo Delgado.
Lo anterior, cerca de la frontera con Tanzania y que dispone de ricas reservas de gas natural, aunque su población, mayoritariamente musulmana, es muy pobre.
Un ataque sangriento en marzo provocó decenas de muertos en la localidad costera de Palma y acentuó esta crisis humanitaria.
El conflicto obligó a más de 800.000 personas a abandonar su domicilio y causó más de 3.100 muertos, la mayoría de ellos civiles.
Para distribuir la ayuda alimentaria, las autoridades hacen listas de las personas desplazadas y estas sirven para seleccionar a los beneficiarios de los alimentos. Pero hay abusos por parte de funcionarios locales.
“A cambio de la inscripción en las listas, responsables locales exigen favores sexuales a mujeres y niñas vulnerables”, advirtió en octubre del año pasado un informe del Center for Public Integrity (CIP), una oenegé local.
“Todo esto sucede en un contexto en que las personas desplazadas son frágiles, con mujeres y menores vulnerables”, recordó el director del CIP, Edson Cortez.
“Las autoridades deben establecer un sistema para que estos abusos sean denunciados”, añadió.
