Durante la jornada de este martes, la Asociación de Aseguradoras de Chile pidió ante el Tribunal Constitucional una audiencia pública en las que el gremio pueda presentar su postura ante el tercer retiro de las AFP.
Esto, en el contexto del requerimiento que presentó el Gobierno en contra del proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas.
Según indicó Pulso, el gremio sostiene que no hay certeza respecto a que se puedan realizar los pagos y advirtió sobre el daño patrimonial a la industria.
Lo anterior debido a que –a diferencia de las dos iniciativas anteriores- ahora se incluyó la posibilidad de hacer retiros de rentas vitalicias.
“Esta vez, junto a ese derecho a retirar fondos previsionales, se pretende otorgar a los pensionados en modalidad de renta vitalicia el derecho a obtener un adelanto de sus rentas. Igualando así, artificialmente, situaciones jurídicas y económicas del todo diferentes”, señaló el gremio en un documento.
Además, se agregó que todos los pensionados se verán afectados “una parte por tercera y definitiva vez, pues se quedarán sin fondos de pensiones. Los de renta vitalicia, con un impacto inmediato, con todo cual se instalará, además de una fuerte presión en las arcas fiscales”, advirtió.
“Efectos en el patrimonio”
Respecto al impacto en la industria el gremio, la asociación indicó que “se comprenderá que hay un costo financiero al entregar dinero hoy. Esto a cambio de pagos futuros y que para obtener ese dinero, las aseguradoras deberán liquidar inversiones que son de largo plazo, lo que acarreará un castigo”.
Asimismo el documento señaló que “el daño mayor no es ése, sino el que resulta de constatar que las rentas que pretenden adelantarse, por su naturaleza, jurídicamente no existen.
“Estas nacen día a día, de manera que no están aún y no es seguro que lleguen a estar en el patrimonio de los asegurados. No hay nada que anticipar, con lo que el pago que pretende posibilitarse ha de salir directamente de los patrimonios de las aseguradoras”, dijo.
En este sentido el gremio sostuvo que “completando el daño, ocurre otro tanto con la devolución de ese adelanto. Se prevé que se lleve a efecto a prorrata de rentas de las que no hay certeza que lleguen a existir, pudiendo perfectamente ocurrir que no se complete la devolución”.
Hacen responsable al Estado
El gremio afirmó que esta medida afecta a las aseguradoras, con el fin de satisfacer una carga de la sociedad toda.
Junto a esto, se indicó que la acción se realiza mediante la intervención de contratos, cuya irrevocabilidad importa un quiebre de los principios de igual repartición de las cargas públicas, “basales a la democracia constitucional”.
Al respecto enfatiza que “ese quiebre de principios fundantes trae aparejada responsabilidad patrimonial del Estado, tanto en el plano del derecho público interno, como en el del derecho público externo, en el cual los diversos tratados internacionales y acuerdos de protección de inversiones han consagrado, para los inversionistas extranjeros, el derecho al trato justo y equitativo y la proscripción de la expropiación regulatoria.
