Por 34 votos a favor, una abstención y dos votos en contra, la sala del Senado despachó a ley el proyecto que establece una serie de medidas de alivio tributario, que buscan fomentar la inversión para las grandes, medianas y pequeñas empresas.

La iniciativa fue fruto de la negociación entre La Moneda y distintos sectores de la oposición para establecer un plan de emergencia y reactivación económica, con un marco fiscal de 12 mil millones de dólares.

Entre otras medidas transitorias, este paquete contempla una reducción hasta 10% del impuesto de primera categoría para pequeñas y medianas empresas acogidas al Régimen Pro Pyme, entre los años 2020, 2021 y 2022.

También para el segmento pyme, se disminuye a la mitad la tasa de pagos provisionales mensuales, y se les permite solicitar un reembolso del crédito fiscal IVA, si acreditan una caída de 30% en sus ingresos promedio respecto al año 2019.

El diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana, destacó estos beneficios señalando que, si bien no solucionan todo el problema, es un aporte a la liquidez de la pequeña y mediana empresa.

Por otra parte, se plantea una depreciación instantánea del 100% para las inversiones en bienes físicos del activo fijo y en algunos activos intangibles que estén protegidos por la ley, hasta el año 2022.

Asimismo, se libera –con cargo al Fisco- la contribución del 1% regional que deben hacer los proyectos que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental hasta el 31 de diciembre del 2021, siempre que se ejecuten en un plazo de tres años.

En la oposición, los diputados Manuel Monsalve del Partido Socialista y Alexis Sepúlveda, del Partido Radical, lamentaron que la mayoría de los recursos que incorpora la reforma van en apoyo a la gran empresa.

Por su parte, el senador DC, Jorge Pizarro, que preside la comisión de Hacienda, llamó a mirar estas medidas en forma más integral.

Una negociación exitosa

La reforma se aprobó después de casi 50 días de tramitación, tras pasar por una comisión mixta, donde se lograron acuerdos adicionales a los que contemplaba el Ejecutivo.

Uno de ellos fue facultar al Fisco para transferir, por una sola vez, un bono de $350 mil a dueños y conductores del transporte remunerado de pasajeros, además de un préstamo estatal solidario para propietarios de vehículos.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aclaró que este beneficio es excluyente con otros aportes estatales.

Otro acuerdo fue la obligación por ley para que los Ministerios de Hacienda y Economía conformen una mesa de trabajo con los gremios pyme, que se reúnan en forma periódica a analizar la situación del sector.

Una vez promulgada, la reforma estará lista para convertirse en ley.