Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El Senado aprobó en tercer trámite el proyecto para reducir la evasión tarifaria en el transporte público, endureciendo sanciones por no pago y agresiones. La norma contempla nuevas medidas como alternativas de pago, procedimientos de cobro de multas y registro de infractores más estricto. Se aplicará una tarifa recargada a quienes no paguen, y se podrá suspender beneficios tarifarios como la TNE o TAM en caso de reincidencia. También se otorgan atribuciones de fiscalización a inspectores de Metro, EFE y operadores de buses.
El Senado despachó a tercer trámite el proyecto que establece una serie de medidas y acciones para reducir la evasión tarifaria en el transporte público.
De acuerdo a la cámara, esta iniciativa busca reforzar “las herramientas de fiscalización y sanción, tanto frente al no pago de la tarifa como al uso indebido de beneficios tarifarios, además de endurecer las penas por agresiones contra conductores y fiscalizadores”.
Reducción de la evasión tarifaria en el transporte público ¿En qué consiste el proyecto?
La norma fue analizada por las comisiones de Transportes y de Hacienda, respectivamente, y propone lo siguiente:
– Alternativas de pago.
– Nuevo procedimiento administrativo de cobro de multas.
– Fortalecimiento del registro de infractores, agregando nuevas restricciones para quienes permanezcan en el registro.
– En seguridad agrava las penas por lesiones y amenazas.
– Contempla mayor eficacia del control de beneficios tarifarios.
Respecto a las medidas contra la evasión, el proyecto propone que, “al constatarse el no pago, se aplique una tarifa recargada, un monto superior al valor regular. En caso de no ser pagada, el usuario deberá descender del vehículo y se le cursará la multa correspondiente”.
Señalar que durante su paso por el Senado el proyecto sufrió modificaciones, destacando el “uso indebido de beneficios tarifarios, como la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) o la Tarjeta Adulto Mayor (TAM), se contempla la denuncia ante el Juzgado de Policía Local y la retención o inutilización del instrumento. La suspensión del beneficio solo se aplicará en caso de reincidencia por parte del titular”.
Por otro lado, la iniciativa también entrega atribuciones a actores que, en la actualidad, no pueden fiscalizar la evasión, como por ejemplo, los inspectores de Metro, de la empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y operadores de los buses.
🚌El proyecto que establece una serie de medidas y acciones para reducir la evasión tarifaria en el transportes público quedó en condiciones de ser analizado por la Cámara Baja, en su tercer trámite.
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